La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata de los congresistas reelectos Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curules de Paz). La decisión, proferida este 11 de marzo de 2026, los vincula directamente con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los llama a juicio formal por el delito de cohecho impropio.
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Junto a Manzur y Manrique, el alto tribunal también llamó a juicio a otros cuatro parlamentarios: Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. A diferencia de los dos primeros, estos seguirán vinculados al proceso sin medida restrictiva de la libertad por el momento.
La investigación, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, apunta a que los procesados habrían utilizado sus asientos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para favorecer intereses del Gobierno. Según el expediente, los congresistas habrían emitido conceptos favorables para créditos de la Nación a cambio de la adjudicación de proyectos de la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.
Estos beneficios, que sumarían cerca de COP 92.000 millones, habrían sido gestionados bajo la presunta coordinación de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes ya se encuentran privados de la libertad desde finales de 2025.
Impacto en el nuevo Congreso
El golpe judicial ocurre apenas días después de que Manzur y Manrique aseguraran su permanencia en el Capitolio después de las elecciones del pasado domingo. La Corte fundamentó la medida de aseguramiento en la existencia de pruebas documentales, grabaciones y testimonios que sugieren que la libertad de los implicados representa un riesgo para el proceso.
El caso pasa ahora a la Sala de Primera Instancia, donde se determinará la responsabilidad final de los seis señalados. Mientras tanto, el escándalo de la UNGRD suma nuevos nombres a la lista de altos funcionarios que van a detención, en un proceso que ya mantiene en prisión a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.