En una diligencia virtual que sacude la cúpula de la estatal petrolera, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente este miércoles 11 de marzo a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. Durante la audiencia ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, el funcionario rechazó tajantemente los señalamientos del ente acusador: “Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente”, sentenció Roa.
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El caso, que surge de una investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de un inmueble y la adjudicación de contratos, pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de la empresa más importante de Colombia.
El “descuento” de 900 millones y el nexo con Hocol
La teoría del caso presentada por la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán sugiere una triangulación de favores. Según el ente acusador, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría utilizado su posición para beneficiar a Juan Guillermo Mancera, un exoficial de la policía y empresario que le vendió un lujoso apartamento en el edificio Entreparques, en el exclusivo sector de El Chicó, al norte de Bogotá.
La transacción ha despertado sospechas por las cifras, ya que el inmueble estaba avaluado en más de 2.000 millones de pesos, pero Roa lo adquirió por 1.800 millones. Para la Fiscalía, este beneficio económico no habría sido deliberado, sino una contraprestación por la gestión de negocios dentro del Grupo Ecopetrol.
De acuerdo con la exclusiva de los expedientes revelados en la audiencia, Roa habría dado instrucciones precisas a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol (filial de Ecopetrol), para que guiara el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira, hacia la empresa Gaxi SA ESP, representada precisamente por Mancera.
Reuniones en restaurantes y oficinas privadas
La fiscal Garrido detalló que la presión para favorecer a la firma Gaxi se habría manifestado en al menos dos momentos clave, el primero fue un almuerzo en el restaurante Flora, en este sería un encuentro entre Roa y Rojas posterior a una junta directiva de Hocol y el segundo fue en las oficinas de Ecopetrol, en donde presuntamente sucedió una reunión privada donde se habría reiterado la instrucción de asignar el negocio a la empresa de Mancera.
Aunque Hocol y Gaxi alcanzaron a firmar un memorando de entendimiento, la operación fue suspendida en abril de 2025 por orden de la misma estatal, cuando las alarmas internas ya se habían encendido.
El abogado defensor de Roa intentó frenar el avance del proceso calificando la exposición de la Fiscalía y que no hay claridad sobre cómo la compra de un bien privado se traduce automáticamente en un delito penal, señalando vacíos en la narración de los hechos jurídicamente relevantes.
Sin embargo, el juez de control de garantías desestimó estos argumentos y avaló la legalidad de la imputación. Con esta decisión, el proceso avanza hacia la etapa de acusación, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas definitivas en un juicio oral.
Este proceso judicial se suma a otros frentes que tiene abiertos el presidente de la petrolera, incluyendo las investigaciones por la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022, de la cual fue gerente. Por ahora, Roa permanece en su cargo mientras la justicia determina esta situación.