Una fuerte tormenta política sacude al Gobierno Nacional tras las recientes revelaciones de la senadora y precandidata Paloma Valencia. La congresista puso bajo la lupa la gestión del Fondo paralelo del Ministerio de Igualdad para el periodo 2024-2026, denunciando lo que califica como un desempeño “deficiente e inadmisible” en el manejo de los recursos públicos destinados a las poblaciones más vulnerables del país.
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Cifras en rojo: El presupuesto que no llega a la gente
Según el análisis presentado por Valencia, la ejecución presupuestal del Fondo apenas alcanza el 48,7%. A pesar de contar con un régimen de contratación de derecho privado —que permite mayor agilidad que la ley de contratación pública estándar—, la entidad mantiene $564.410 millones de pesos sin ejecutar, lo que representa el 26,5% de su presupuesto total.
Lo más alarmante de la denuncia es la parálisis en programas sociales clave. Valencia señaló que existen proyectos con 0% de ejecución y al menos cinco programas adicionales que no superan el 6%.
“Les subieron los impuestos a los colombianos para dejar la plata quieta en los bancos”, sentenció la senadora, cuestionando la coherencia entre la exigencia fiscal del Gobierno de Gustavo Petro y la capacidad real de inversión.
¿Inversión social o nómina electoral?
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta al crecimiento desmedido de la estructura administrativa del Fondo. Mientras las obras y planes sociales brillan por su ausencia, la contratación de personal parece ser la prioridad.
De acuerdo con la respuesta oficial del Fondo citada por la congresista, entre 2024 y 2026 se han vinculado a 4.684 personas, desglosadas entre funcionarios, contratistas y trabajadores en misión. La controversia aumenta al revelarse que 4.124 de estos contratos se habrían financiado con recursos destinados originalmente a proyectos de inversión social.
- Funcionamiento: Se han destinado $66.581 millones solo a mantener la estructura administrativa.
- Contratación Directa: Valencia denunció que el Fondo evita las licitaciones públicas, realizando contratos directos sin publicación completa en el SECOP y aplicando adiciones millonarias de forma recurrente.
Un Ministerio bajo la lupa para el 2026
Para la oposición, esta dinámica de contratación masiva en periodos cercanos a procesos electorales sugiere una estrategia política más que una gestión técnica. “Antes que proyectos para las comunidades, garantizaron la nómina para 2026”, concluyó Valencia, advirtiendo que, tras dos años de funcionamiento, no se ha presentado una sola propuesta concreta de infraestructura o plan de choque que justifique el gasto.
El Ministerio de Igualdad, una de las banderas principales de la actual administración, enfrenta ahora el reto de explicar por qué, con chequera en mano y facultades especiales, los recursos no se están transformando en bienestar para los ciudadanos.