En un fallo que sacude los cimientos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista. La sentencia, que asciende a 7 años y 7 meses de prisión, pone fin a una red de favores ilícitos donde la justicia se canjeaba por bienes de alta gama y millonarias comisiones.
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Vargas Bautista fue hallado responsable de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión, tras demostrarse que convirtió su despacho en una oficina de intereses privados para favorecer directamente a su compañera sentimental entre los años 2014 y 2018.
Un conflicto de intereses en la alcoba
La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló una trama digna de una serie de suspenso. El exmagistrado omitió deliberadamente declararse impedido en dos procesos de alto perfil donde su pareja tenía intereses directos:
- El caso del Hospital Militar Central: Su compañera actuaba como apoderada de un consorcio demandante.
- Litigio con la Superintendencia de Sociedades: La mujer era asesora jurídica de una sociedad agrícola en conflicto con la entidad.
Según las pruebas, Vargas Bautista no solo direccionó el reparto para que los casos cayeran en sus manos, sino que coordinó reuniones clandestinas con su pareja para redactar borradores de fallos, entregar piezas procesales reservadas y ajustar las pretensiones económicas de los demandantes a su conveniencia.
El precio de la justicia: Vehículos de gama alta y apartamentos
Lo que más ha impactado a la opinión pública es la contraprestación que el exfuncionario recibió por sus “servicios”. La Corte comprobó que la balanza de la justicia tenía un precio muy específico:
- Comisión millonaria: El exmagistrado acordó recibir el 25% de la sanción económica que él mismo impuso contra el Hospital Militar.
- Bienes de lujo: Por inclinar la balanza a favor de la sociedad agrícola, le fueron entregados un vehículo de gama alta y un apartamento.
La condena y el beneficio de casa por cárcel
Además de la pena principal, el exmagistrado deberá pagar una multa de 160 salarios mínimos y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 91 meses. No obstante, la decisión ha generado debate, ya que la Corte dispuso que Vargas Bautista cumpla su condena bajo prisión domiciliaria.
Aunque la condena es de primera instancia y permite recursos de apelación, este caso se convierte en un símbolo de la lucha contra la “podredumbre” en las altas esferas judiciales, recordándoles a los funcionarios que el derecho no puede ser una mercancía negociable entre sábanas y lujos.