La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 1469 de 2025, que fijaba el incremento del salario mínimo para este año, ha generado una zona gris jurídica y financiera para millones de hogares colombianos.
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Aunque la alta corte ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, la inquietud inmediata recae sobre los bolsillos de los trabajadores: ¿cuánto llegará en la próxima quincena y qué ocurre con el dinero ya recibido?
Contrario lo que sería el pánico inicial que puede causar la noticia, la medida cautelar no implica una reducción automática ni inmediata en los desprendibles de pago de esta semana. La orden judicial especifica que el valor actual se mantiene vigente hasta que se publique el nuevo acto administrativo.
¿Cuánto deben pagar las empresas mientras sale el nuevo decreto?
La operatividad de las nóminas no se detiene. Andrés Álvarez, Ph.D. en Economía de la Université Paris X y profesor de la Universidad de los Andes, le explica a Publimetro que el fallo tiene un efecto diferido. Esto significa que el salario mínimo legal vigente sigue siendo, hasta nuevo aviso, de COP 1.750.905 más el auxilio de transporte, rondando los 2 millones de pesos.
“Las nóminas que ya se ajustaron y las que se deben pagar de aquí en adelante siguen vigentes con ese valor. El Consejo de Estado no derogó el monto retroactivamente, sino que pidió una mejor justificación técnica”, aclara Álvarez. Por tanto, las empresas deben liquidar la próxima quincena bajo los mismos parámetros que han utilizado desde enero, sin alteraciones hasta que la Casa de Nariño expida la nueva normativa.
Derechos adquiridos: ¿Le pueden descontar lo que ya le pagaron?
Una de las dudas más recurrentes es si los trabajadores tendrían que devolver dinero o sufrir descuentos futuros en caso de que el nuevo decreto transitorio fije un aumento inferior al 23 %. La respuesta desde la academia es un “no” rotundo.
David Pérez Reyna, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, enfatiza a este medio que el principio de los derechos adquiridos sobre el salario devengado. “No. Lo que se ganó, ya se ganó”, sentencia el experto. Legalmente, no existe mecanismo para que los empleadores soliciten el reembolso de los salarios pagados bajo la vigencia del decreto 1469. Si el nuevo ajuste resulta ser menor, aplicaría únicamente desde la entrada en vigencia de la nueva norma hacia el futuro, sin afectar los pagos de enero y principios de febrero.
El golpe al bolsillo y el freno en la contratación
Más allá de la cifra en el papel, el impacto real se siente en el poder adquisitivo. Los precios de la canasta familiar y servicios indexados ya fueron calculados frente a el aumento del 23 %. Según Álvarez, aunque se modifique el decreto, el mercado no ajustará los precios a la baja automáticamente.
“El poder adquisitivo de las familias ya está perdiendo valor por la inflación, no porque se haya caído el decreto. Decir lo contrario sería desinformación”, señala Álvarez. El economista advierte que el verdadero riesgo de esta inestabilidad jurídica recae sobre los desempleados. Ante la incertidumbre de no saber cuál será el salario base definitivo, muchas empresas podrían congelar sus procesos de contratación hasta tener certeza jurídica, afectando a quienes buscan ingresar al mercado laboral formal.
Una posible salida para no afectar a los empleados actuales
Mientras el Gobierno corre contra el reloj para lo que sería presentar la justificación técnica o el nuevo decreto en el plazo de ocho días, surgen propuestas para mitigar el impacto social. Pérez Reyna sugiere una medida híbrida que proteja a la fuerza laboral actual sin asfixiar la creación de nuevos puestos.
El economista apunta a que el nuevo decreto transitorio podría fijar un aumento menor para las nuevas contrataciones, pero invitar a las empresas a mantener el incremento del 23 % a los empleados antiguos que ya lo recibieron. “Así se mantendrían las condiciones de los trabajadores actuales y no se tendría un efecto tan negativo en la creación de empleo o la informalidad”, concluye el académico.
Por ahora, la instrucción para los departamentos de recursos humanos y para los trabajadores es de espera: el salario se mantiene intacto hasta que el Gobierno publique la nueva regulación.