La vicepresidenta Francia Márquez Mina calificó este viernes como un golpe directo a la “dignidad” de las familias trabajadoras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo en un 23 % para 2026.
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Luego de conocerse el fallo del alto tribunal, que obliga al Gobierno a recalcular la cifra en un plazo máximo de ocho días, la funcionaria defendió la medida original no como un cálculo técnico, sino como una herramienta de “justicia social”.
Márquez enfatizó que el concepto de “salario vital”, impulsado por la administración de Gustavo Petro, buscaba responder a las realidades económicas de los sectores más vulnerables y no obedece a decisiones arbitrarias.
“El salario vital no es un capricho. Es una respuesta responsable a las realidades económicas del país y una herramienta necesaria para avanzar en justicia social.Reitero mi compromiso con un trabajo digno, con la defensa de los derechos de las y los trabajadores y con el cierre de las brechas históricas que han marcado a Colombia”, mencionó la vicepresidenta por medio de X.
Argumentando que la suspensión jurídica afecta de manera desproporcionada a quienes dependen del ingreso diario para sostener sus hogares.
Impacto en la economía familiar
La reacción del Ejecutivo se centra en el efecto social de la medida cautelar. Según Márquez, frenar este incremento impide el cierre de brechas históricas en el país. En su pronunciamiento, la alta funcionaria vinculó la decisión judicial con un retroceso en la defensa de los derechos laborales, asegurando que el gobierno mantendrá su postura de proteger el poder adquisitivo frente a la inflación y el costo de vida.
“Como mujer trabajadora y lideresa social, sé que esta decisión impacta directamente a millones de familias”, señaló Márquez, marcando una clara línea divisoria entre los argumentos jurídicos del Consejo de Estado y la visión humanitaria que el Gobierno intenta imprimir a su política salarial.
El reloj en contra del Gobierno
Mientras la Vicepresidencia sienta su postura política y social, el Gobierno Nacional enfrenta una carrera contra el tiempo en el plano administrativo. La orden del Consejo de Estado es clara y señala que el presidente Petro debe expedir un decreto transitorio en los próximos ocho días calendario.
Esta nueva normativa reemplazará temporalmente al decreto suspendido y regirá hasta que se emita un fallo de fondo sobre la legalidad del 23 % inicial. Aunque el tribunal aclaró que los pagos actuales se mantienen bajo la norma vigente (Decreto 1469 de 2025) hasta la publicación del nuevo acto administrativo, la incertidumbre se traslada ahora a la mesa de redacción del nuevo documento, que deberá equilibrar las aspiraciones de “bienestar del pueblo” defendidas por la vicepresidenta con los requisitos legales exigidos por la justicia contenciosa.