La Corte Constitucional asumió formalmente el conocimiento del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, normativa con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un término de 30 días.
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El alto tribunal deberá determinar si las facultades emitidas por el Ejecutivo se ajusta a la ley, en un proceso que quedó bajo la responsabilidad del magistrado Miguel Polo Rosero.
El expediente aterriza en el Palacio de Justicia en medio de una crisis climática que golpea severamente al norte del país y al pacífico. La medida busca habilitar recursos y mecanismos expeditos para atender a las poblaciones de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios que han sido fuerte mente afectados por un fenómeno natural.
Vigencia inmediata bajo vigilancia judicial
Aunque el proceso de revisión constitucional apenas comienza, es crucial aclarar a la ciudadanía que el decreto se encuentra plenamente vigente. Esto implica que las medidas de auxilio y las reasignaciones presupuestales ordenadas por la Casa de Nariño pueden ejecutarse sin interrupción, a menos que la Sala Plena de la Corte decida lo contrario en una etapa posterior o emita una medida cautelar de suspensión.
El magistrado Polo Rosero tendrá la tarea de proyectar el fallo y evaluar si los argumentos del Gobierno cumplen con los requisitos de necesidad del país y sus ciudadanos. El punto central del debate jurídico será demostrar que los mecanismos ordinarios del Estado resultaron insuficientes para contener el desastre, validando así el uso de un Estado de Excepción.
Cabe recordar que Polo Rosero respaldó la suspensión de una emergencia fiscal decretada en diciembre anterior. Ahora, su despacho deberá verificar si esta nueva declaratoria, motivada por factores climáticos y humanitarios, supera el examen de constitucionalidad que no logró la propuesta fiscal.
El impacto humano detrás del decreto
La justificación entregada por el Ejecutivo al tribunal detalla un escenario crítico provocado por el desplazamiento anómalo de un frente frío. Según los informes técnicos adjuntos al decreto, las precipitaciones en las zonas afectadas superaron los promedios históricos y hay más de 200.000 mil personas damnificada.
La administración Petro argumenta que esta situación configura una calamidad pública que necesita una acción inmediata en sectores como salud, energía y vivienda. Mientras avanza el trámite en la Corte, se espera que en los próximos días el Gobierno expida decretos con las medidas específicas de recaudo e inversión destinadas a reducir los daño de la ola inviernal que atraviesa el país.