Un juzgado de Medellín impuso en las últimas horas una sanción económica contra el exalcalde y actual candidato presidencial, Daniel Quintero Calle, lo que emitieron sería el pago de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo esto responde a un fallo de tutela que le ordenaba retractarse de afirmaciones lanzadas contra Sebastián López, concejal y director del Centro Democrático en Antioquia.
(También puede leer: ¿Mano blanda en la San José? Lluvia de críticas a MinEducación por no remover directivos tras escándalo de títulos falsos)
La controversia jurídica se originó cuando Quintero aseguró públicamente López “tenía controlada” la Procuraduría en la región para perseguirlo políticamente, una aseveración que no pudo sustentar ante los estrados.
Golpe al bolsillo y admisión de falta de pruebas
El fallo, fechado en febrero de 2026, es contundente al señalar que las acciones previas del exmandatario no satisficieron la orden judicial original de diciembre de 2025. Según el documento citado, la retractación inicial en redes sociales no cumplió con lo que serían las condiciones de despliegue y claridad exigidas, lo que derivó en la multa.
Ante la presión de la sanción y la negativa de una tutela con la que Quintero buscaba proteger su derecho a la libre expresión, el candidato publicó este jueves 12 de febrero un nuevo mensaje en su cuenta de X. En el texto, admite la carencia de evidencia fáctica para sus señalamientos:
“No tengo motivos fundados ni pruebas para afirmar que el concejal tenga “controlada la Procuraduría de Antioquia”, que “no le pasa ni le va a pasar nada” o que “va a buscar cómo joderme usando la Procuraduría”. Reconozco que esas frases no describen hechos ciertos ni definitivos, sino opiniones personales, y por ello me retracto de dichas expresiones”.
Sin embargo, Quintero aprovechó el espacio para matizar su rectificación, alegando que sus palabras fueron una reacción a lo que considera una campaña de calumnias en su contra por parte de López, quejándose de un presunto desequilibrio en la actuación de los entes de control.
¿Rectificación inválida?
A pesar de la publicación del exalcalde, el conflicto está lejos de resolverse. Sebastián López advirtió que el cumplimiento de la orden no es opcional ni interpretable. Previo al último trino de Quintero, el concejal había lanzado un ultimátum de 24 horas, subrayando que si la rectificación no se ajustaba estrictamente a los términos legales, procedería a solicitar medidas más severas.
En esta instancia, la consecuencia legal podría escalar de una sanción monetaria a una orden de arresto como lo mencionó Sebastián López en su video hacia el precandidato, complicando el panorama de Quintero en plena carrera por la presidencia.