Cada año, cerca de cuatro millones de niñas son sometidas, en el mundo, a la Mutilación Genital Femenina (MGF). Esta práctica, también llamada ablación, es una forma de violencia sexual implica la perforación, corte, extracción o costura de los genitales externos de una niña o mujer, parcial o totalmente, por un motivo que no es médico, dejando consecuencias para la salud física y mental de las víctimas.
Pese a que la ablación sucede mayoritariamente en países de África y Oriente Medio, en Colombia también se lleva a cabo esta práctica, que alertó a las autoridades desde 2007 cuando dos niñas indígenas murieron por infecciones derivadas de la MGF. Hasta ahora, el país es el único de Latinoamérica y el Caribe que ha reconocido este problema en su territorio, y aunque los compromisos alrededor de su erradicación llevan años, aún no está prohibida.
Los casos se concentran en Risaralda
Según cifras del Instituto Nacional de Salud a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), desde 2020 se han registrado 216 casos de ablación en Colombia, principalmente en el pueblo Emberá. La mayoría de ellos se han dado en el departamento de Risaralda, aunque también se sabe de casos en Chocó, Antioquia, Cauca, Quindío y Bogotá.
Luis Mora, representante residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia, le explicó a Publimetro que podría haber un gran subregistro frente al número real de casos en el país, pues muchas veces la ablación se realiza de manera secreta y las zonas en las que se practica enfrentan grandes barreras de acceso a los servicios de salud.
“Nuestra única puerta de acceso a esta información es a través de las clínicas y hospitales, es decir, solo cuando los casos se agravan, cuando terminan en hemorragias o cuando de alguna manera terminan en el sistema de salud, es que nos enteramos qué ocurren” explicó, en 2025, la congresista Jennifer Pedraza a este medio.
La MGF se realiza principalmente en bebés
El representante de la UNFPA detalló que, contrario a lo que sucede en otros países donde la MGF se practica hasta en mujeres adolescentes, en Colombia se lleva a cabo principalmente en bebés, y la mayoría de los casos se han presentado en niñas de entre 0 y 5 años. En este sentido, podría no representar un evento tan traumático en terminos de su impacto en la memoria, pero sigue representando un riesgo por las complicaciones que puede conllevar.
“Esto no implica que no haya una experiencia traumática que pasa por un dolor intenso, hemorragias, en muchos casos infecciones, y que luego puede tener un impacto, por ejemplo, en retenciones urinarias, ulceraciones de la zona genital, lesiones en los tejidos adyacentes, fiebres, y también pues una complicación recurrente en la cicatrización de las niñas”, explicó Mora sobre la ablación, que en el caso colombiano se realiza a algunas niñas de las comunidades indígenas, no todas, con el fin de impedir, supuestamente, el desarrollo mayor de sus organos genitales.
Además, agregó, a largo plazo se pueden presentar complicaciones como la anemia, formación de quistes o abcesos, aparición de tejido queloide, daño en la uretra que podría generar incontinencia urinaria, problemas de salud mental y repercusiones para la vida sexual de la mujer. En este último caso, es posible que se presente dolor en las relaciones sexuales, disfunción sexual, hipersensibilidad genital, mayor riesgo en la transmisión de VIH y complicaciones en el parto.
La prohibición permanece en el limbo
Activistas pertenecientes a comunidades indígenas llevan años impulsando la erradicación de esta práctica y abriendo espacios de diálogo y formación en diferentes territorios del país. Sin embargo, 19 años después de que se conocieran los primeros casos, la MGF sigue sin estar prohibida, y la iniciativa legislativa que busca erradicarla está estancada en el senado.
El proyecto de ley 028 de 2024 de la Cámara - 440 de 2025 del Senado propone, además de la prohibición, herramientas de prevención, atención y medición de esta práctica con una perspectiva de diálogo y acompañamiento a las comunidades. La iniciativa ya va para su segundo año cursando en el Congreso, y después de aprobar sus dos debates en Cámara está a la espera de pasar por el Senado para conseguir la sanción presidencial. No obstante, advierten que el proyecto está contra el tiempo, y de no ser aprobado antes del 20 se junio, se hundiría y las organizaciones y sectores que lo impulsan tendrían que empezar de cero.
Un camino multicultural hacia la erradicación
El representante de la UNFPA indicó que en el camino hacia la erradicación es fundamental mantener un enfoque intercultural, “es decir, que todas esas acciones de prevención y de transformación de normas sociales, culturales, de género, reconozcan la diversidad cultural y y desde su reconocimiento puedan sostener cambios y transformaciones”.
Además, destacó que el papel de las lideresas, líderes, parteras y parteros es fundamental para dicha transformación, y precisó que debe haber inversión y esfuerzos sostenidos que se articulen con las comunidades. “Una vez ese proyecto de ley se apruebe, o incluso si no llega a ser aprobado, obviamente hay otras instancias del estado, del gobierno nacional en los territorios, las comunidades indígenas, la cooperación internacional -como es el caso de Naciones Unidas o la sociedad civil- que tienen un rol y una responsabilidad colectiva para la erradicación de la práctica”.