La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ubicó en el primer lugar de ejecución presupuestal a nivel de compromisos en el sector público durante el último año fiscal. Según los datos revelados este viernes, 6 de enero, durante su audiencia de rendición de cuentas, la entidad ejecutó el 99,3 % de los recursos asignados para su funcionamiento en 2025, una cifra certificada por el Ministerio de Hacienda que valida la capacidad operativa del tribunal transicional.
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Más allá del porcentaje de gasto, el dato relevante a niveles públicos proviene de la vigilancia de la Contraloría General de la República cerró su auditoría sin identificar ningún hallazgo administrativo, fiscal o penal.
El ente de control determinó que la gestión se ajustó a los principios de austeridad y transparencia, descartando irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la paz.
¿En qué se invirtió el dinero?
El informe financiero y estadístico desglosa que la inyección de recursos no se quedó en burocracia, sino que fortaleció la participación directa de los afectados por el conflicto.
Durante 2025, el presupuesto permitió asegurar la representación judicial de 6.555 víctimas, un componente crítico para que estas voces tengan peso jurídico en los macrocasos.
También, los fondos se destinaron a la logística de 99 jornadas de acreditación en territorio, permitiendo que 2.063 nuevas víctimas individuales y 55 sujetos colectivos fueran reconocidos formalmente ante la jurisdicción. La operación también sostuvo la realización de más de 235 audiencias públicas y 329 encuentros privados, escenarios donde se confrontan las versiones de los actores armados.
La efectividad en cifras procesales
El reporte estadístico entregado en la jornada de hoy evidencia una aceleración en los trámites judiciales. La inversión tecnológica permitió gestionar más de 77 millones de folios digitales y realizar 3,6 millones de notificaciones electrónicas, descongestionando los despachos físicos.
Desde la perspectiva de atención al ciudadano, entre enero y noviembre de 2025, 14.140 personas fueron atendidas a través de los diferentes canales de la entidad. El canal escrito y telefónico absorbieron la mayoría de las solicitudes, facilitando el acceso a la justicia a personas que no residen en Bogotá.
Verdad y sentencias
El gasto público también se traduce en el avance de la “verdad judicial”. Según el balance, el 91,46 % de los comparecientes han reconocido verdad en sus versiones, un indicador que la Contraloría destacó como un retorno efectivo de la inversión estatal hacia la sociedad.
Estos recursos también ayudaron a la emisión de las dos primeras sentencias restaurativas y permitieron avanzar en la imputación de cargos en las tres rutas judiciales del tribunal: dialógica, adversarial y no sancionatoria. La entidad cerró la jornada ratificando que espera mantener la política de austeridad para el periodo 2026, enfocándose en la entrega de resultados procesales definitivos.
