El presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia luego de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica y social. Según el mandatario, esta acción judicial prioriza la protección de los intereses tributarios de los sectores más ricos, y lo que pasaría es que el peso de la crisis financiera sea asumido por el resto de la población.
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A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de X, el mandatario calificó la medida como un movimiento para “salvar el impuesto a los megarricos”. El jefe de Estado aseguró que las consecuencias de hundir el decreto no se harán esperar y que la crisis, lejos de solucionarse, se “trasladará y socializará” entre los ciudadanos.
El núcleo del mensaje presidencial se centró en el impacto social de la decisión judicial. Petro sostuvo que el hundimiento de la emergencia forzaría posiblemente un escenario donde el pago de la crisis recaerá sobre la sociedad civil.
El mandatario enfatizó que su Gobierno buscará impedir que el costo fiscal sea “socializado”, señalando que existe un interés político en que sea la ciudadanía quien solvente los huecos financieros que el decreto de emergencia pretendía cubrir mediante impuestos a los grandes capitales.
Tasas de interés y especulación en la mira
En su pronunciamiento, el presidente vinculó la situación actual con variables macroeconómicas que, según él, han golpeado la estabilidad del país. Petro mencionó que los efectos de las tasas de interés del Banco de la República y lo que denominó como “especulación de frack” han sido determinantes en la coyuntura económica.
El riesgo del “déficit de riesgo” según Benedetti
A este reclamo se sumó Armando Benedetti, quien explicó que la emergencia no solo responde a un déficit fiscal, sino a un “déficit de riesgo” que compromete el pago de la deuda pública y la seguridad social. Benedetti enfatizó que, al suspender la medida, la Corte está protegiendo a un grupo selecto que posee entre 3.000 y 104.000 millones de pesos colombianos, dejando a los sectores más vulnerables expuestos a la falta de inversión en políticas públicas de desarrollo.
Con esta suspensión, quedan en el aire las medidas extraordinarias que el Ejecutivo esperaba implementar para solventar las necesidades fiscales urgentes. El Gobierno ahora deberá buscar alternativas para evitar que el vacío de recaudo termine afectando la inversión social y los programas bandera de la actual administración.