La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de recursos públicos para agilizar el trámite de ciertas reformas en el Legislativo.
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González, compareció vía virtual desde Nicaragua, país donde se encuentra luego de abandonar el territorio nacional en medio del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante el proceso ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, el ente acusador ratificó que el exfuncionario habría actuado como el “determinador” de un esquema de coimas que involucraban presuntas maletas llenas de efectivo.
El esquema de las “maletas” y los carrotanques
La acusación, liderada por la fiscal delegada María Cristina Patiño, sostiene que González coordinó el pago de 4.000 millones de pesos colombianos derivados de los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira. Según el seguimiento de pruebas, estos dineros terminaron en manos de los entonces presidentes del Congreso: Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), con el fin de garantizar el avance de la agenda gubernamental.
La Fiscalía señala que la logística de estos pagos habría contado con la mediación de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. El pliego de cargos incluye los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Tensión en estrados: “Son absurdos y mentiras”
El momento de mayor fricción en la audiencia ocurrió cuando la magistrada Blanca Barreto interrogó a González sobre la comprensión de los cargos. Según reportó Blu Radio, el acusado rechazó los señalamientos, calificando el expediente como un conjunto de “mentiras” y “absurdos”.
Esta declaración provocaron un llamado al orden por parte de la magistrada, quien le recordó al exdirector del Dapre que la audiencia de acusación no es el escenario para debatir las pruebas, sino para ser notificado formalmente del inicio del juicio.
Impacto en el círculo del Gobierno
Para la Fiscalía, el actuar de González no solo constituye un delito financiero, sino una especie de traición a la confianza pública. El ente investigador enfatizó que el acusado aprovechó su posición como mano derecha del presidente para desviar fondos destinados a atender emergencias humanitarias hacia intereses políticos personales e ideológicos.
El proceso judicial en Colombia no se detendrá. La Corte Suprema notificará próximamente la fecha de la audiencia preparatoria, donde se destaparán las cartas probatorias que podrían llevar a una condena contra uno de los políticos más influyentes de la última década.