El panorama de seguridad en Colombia enfrenta un quiebre crítico. Según el más reciente balance del Ministerio de Defensa Nacional, el secuestro extorsivo experimentó un fuerte crecimiento del 128 % durante el año 2025, consolidándose como la cifra más alta registrada en la última década. Con un total de 477 casos reportados, el país pasó de una “relativa estabilidad” a un escenario donde, en promedio, 1,3 personas son víctimas de esta modalidad, ya sea con fines económicos o políticos.
Este repunte rompe con la tendencia observada entre 2015 y 2019, periodo en el que los reportes anuales estaban cerca de los 100 casos. La gravedad del fenómeno se acentúa al comparar el cierre de 2025 con el año inmediatamente anterior, mientras que en 2024 se contabilizaron 209 víctimas, el año pasado sumó 268 secuestros adicionales, evidenciando el gran crecimiento del delito.
La evolución estadística del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional muestra que, luego de alcanzar un mínimo histórico de 80 casos en 2020 , atribuido en gran medida a las restricciones de movilidad por la pandemia, el secuestro extorsivo inició un ascenso sostenido.
En 2021 la cifra subió a 135, escaló a 141 en 2022 y llegó a 221 en 2023. Aunque el 2024 mostró una leve reducción, el salto de 2025 representa más del doble de la actividad criminal del año previo, lo que las autoridades califican como un fenómeno de alta alarma social por el impacto en el núcleo familiar y la percepción de seguridad ciudadana.
Este fenómeno, analizado también por medios como Blu Radio, reflejó una presión criminal que no fue uniforme durante el año, presentando picos mensuales donde los registros superaron las tres decenas de casos.
Presión criminal: picos mensuales y modalidad de impacto
Los datos oficiales indican que el comportamiento delictivo no fue lineal. Durante 2025 se registraron picos de actividad que superaron varias decenas de casos por mes, elevando drásticamente el acumulado final. Esta modalidad de secuestro, definida por la Ley 599 de 2000 como la retención de una persona para exigir provecho, utilidad o fines publicitarios, se ha convertido en el principal motor de inseguridad en regiones donde operan grupos armados y delincuencia común organizada.
Aunque el volumen total de víctimas es menor comparado con delitos como el hurto, la celeridad del crecimiento en 2025 , que triplica los registros de hace solo cuatro años, sitúa al secuestro en el centro del debate sobre la política de defensa nacional.
Metodología y reporte
Las cifras presentadas corresponden a la consolidación de denuncias del sistema SIEDCO de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, sujetas a procesos de verificación mensual para garantizar la tipicidad del delito. El reporte final de 2025 confirmó que el país enfrenta un desafío estructural para proteger la libertad individual frente a la extorsión.