A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República alertó que las extintas Farc-EP no han entregado gran parte de los bienes y el dinero prometidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación" señaló la entidad en el comunicado donde dan cuenta de los vacíos encontrados.
Menos de 20 % de lo prometido ha sido entregado
La delegada para el sector Justicia de la entidad advirtió que lo dispuesto por las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales contemplaban el componente restaurativo y reparador, está desfinanciado en un 83, 6 % para el año 2026. De 121.858 millones de pesos prometidos, solo se han entregado 20.000 millones de pesos, lo que deja un faltante de 101.858 millones de pesos, sin contar futuras sentencias.
La institución indicó que la cantidad de activos reportada y acordada por las Farc difiere significativamente de lo que realmente ha sido entregado. De 12.070 millones de pesos en efectivo acordados, el Estado solo ha recibido 2.114 millones, es decir, el 17,5 %. Además, solo se ha entregado poco más de la mitad del oro en lingotes (252.500 gramos de 440.020 prometidos) y apenas 2.540 gramos de joyas de oro de las 25.000 pactadas.
En cuanto a seres vivos, como ganado, el Estado apenas ha reportado la recepción de 258 semovientes de los 24.456 prometidos por las Farc; de los muebles y enseres se han entregado 1.830 de casi 52.000, y de los medios de transportes van 31 unidades entregadas de las 319 reportadas. Sin embargo, la cifra que más sorprende es la de los inmuebles, pues el Estado solo ha recibido uno de los 722 que acordaron con las Farc.
Dolares falsos
Aunque el único componente del que se recibió todo el dinero fue el de divisas, la Contraloría llamó la atención por la recepción de 1.500 dólares falsos, por lo que en total se monetizaron 448.500 dólares.
La institución señaló que el vacío en lo entregado afectan a distintas entidades públicas a nivel nacional y territorial que lo requieren para el cumplimiento de otras órdenes judiciales, a la vez que “entraña una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado Colombiano frente a los derechos de las víctimas”.