Una nueva condena revive el nombre de Salvatore Mancuso, quien, desde su regreso al Colombia por solicitud del presidente Gustavo Petro, ha estado más bien desaparecido del espectro público. La Fiscalía General de la Nación confirmó una nueva condena en contra del exjefe paramilitar por 117 hechos delictivos en contra de la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira.
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La Fiscalía aseguró que hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perpetraron "homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género y otras conductas ilícitas entre 2002 y 2006“.
El ente investigador asegura que al grupo armado al mando de Salvatore Mancuso en la década de los años 2000 se le atribuye la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia, La Guajira, el 10 de octubre de 2003. Ese día varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas.
Sumado a esto, la Fiscalía asegura que "es destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes que eran su medio de subsistencia“. De igual forma, se les atribuye el asesinato de dos indígenas Wayúu el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también ubicada en Uribia.
Salvatore Mancuso deberá pagar 40 años de prisión
Por estos delitos descritos, que se suman a más de 100 actos delictivos en contra de comunidades de La Guajira, Salvatore Mancuso, máximo cabecilla de las AUC, fue condenado a 40 años de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 40 años.
Finalmente, la Fiscalía también reveló que el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y en sus inicios fue conformado por 150 integrantes. Este grupo le permitió a las AUC extender sus acciones armados en toda La Guajira, e inclusive a reforzar su poder en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Además, la sentencia emitida en contra de Salvataro Mancuso también reconoce como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu presentes en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia; y Matitas en Riohacha.