El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, será imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. La audiencia se llevará a cabo el próximo 11 de febrero.
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De acuerdo con la emisora Caracol Radio, se espera que en la diligencia judicial le imputen a Rodríguez los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción. El medio de comunicación también señaló que la solicitud de imputación fue radicada el pasado 16 de enero por un fiscal de Administración Pública de la Seccional de Bogotá.
La tesis del ente investigador apunta a que Rodríguez no habría garantizado la seguridad del asesinado precandidato presidencial, quien recibió varios disparos en medio de una intervención pública que estaba adelantando en un parque del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Con esta imputación, Rodríguez se convertirá oficialmente en el primer alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser investigado penalmente por estos hechos.
Las autoridades judiciales buscarán establecer si, en efecto, Rodríguez no atendió las necesidades de protección que tenía el líder político. De hecho, en las últimas horas el diario El Tiempo dio a conocer que Uribe Turbay le pidió en por lo menos 23 ocasiones a la UNP que reforzaran su esquema de seguridad. Sin embargo, la entidad no atendió estas solicitudes.
El abogado de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, había señalado que la UNP tenía el deber de garantizar su seguridad y advirtió que la última solicitud para reforzar su esquema fue radicada el 5 de junio. El 7 de junio ocurrió el atentado.
Rodríguez, por su parte, ha reconocido que hubo errores en la disposición del esquema de seguridad del precandidato. “Son tres personas de la Unidad Nacional de Protección y cuatro personas de la Policía Nacional. El esquema funciona de manera mixta, las dos entidades se coordinan. El coordinador del esquema es un miembro de la policía, es un vicecomisario, y orientó y dispuso el esquema de esa manera”, puntualizó.
Por su parte, la firma de abogados de Víctor Mosquera manifestó estar de acuerdo con la decisión de la Fiscalía.
“La Firma celebra que, luego de haber interpuesto la correspondiente denuncia penal, las autoridades hayan avanzado en el trámite del proceso, permitiendo que los hechos denunciados sean valorados en sede judicial, en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales. Este avance constituye un paso relevante en la búsqueda de verdad y justicia, particularmente frente a las posibles responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los deberes de protección del Estado”, advirtió la firma de abogados en un comunicado publicado este 19 de enero.