Un total de 24 contratistas vinculados a 16 entidades estatales habrían accedido a cargos públicos mediante acreditaciones académicas presuntamente irregulares, lo que representó un costo fiscal superior a los 1.100 millones de pesos colombianos. Esta es la conclusión central de una investigación presentada ante el Congreso, la cual advierte sobre la existencia de un posible ‘cartel de diplomas´ que operaría mediante la validación de títulos sin el cumplimiento de los requisitos legales obligatorios en Colombia.
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La denuncia, liderada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, señala que los mecanismos de control en la contratación estatal habrían sido vulnerados sistemáticamente. El foco de la irregularidad recae sobre la Fundación Universitaria San José, institución que habría expedido las certificaciones profesionales utilizadas para justificar la vinculación laboral de estas personas en el sector público entre los años 2023 y 2025.
El mecanismo detrás de la contratación
El informe legislativo detalla que la anomalía no se trata de casos aislados, sino de un patrón que viola la Ley 1324 de 2009. Se identificaron dos tipologías específicas de fraude académico que permitieron el acceso a los recursos del Estado:
- Ausencia de pruebas de Estado: Seis de los señalados funcionarios contratados recibieron su título profesional sin haber presentado jamás las pruebas Saber Pro, un requisito fundamental para graduación en la educación superior colombiana. A diferencia de casos mediáticos anteriores que no llegaron a formalizar el contrato, estas seis personas sí lograron vincularse a la nómina estatal.
- Validación extemporánea: Otros 18 de los presuntos contratistas presentaron el examen de estado después de haberse graduado, invirtiendo el orden legal, pues la normativa exige la presentación del examen como requisito previo a la obtención del diploma.
La ruta del dinero y las entidades afectadas
El impacto fiscal de estas contrataciones asciende a COP 1.102.094.108, dinero proveniente de los impuestos de los colombianos que fue destinado a pagar salarios de personal cuya idoneidad profesional está hoy en entredicho.
Según los documentos expuestos, la dispersión de estos contratos abarca una parte significativa de la estructura del Gobierno Nacional. La entidad con mayor número de casos reportados es el SENA, con 10 contratistas vinculados bajo esta modalidad. Le siguen la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INVIMA, el DANE y la Aeronáutica Civil, con dos casos cada una.
El listado de organismos afectados se extiende al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la DIAN, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La investigación legislativa subraya la gravedad de que entidades técnicas y de vigilancia cuenten con personal cuyos títulos no cumplen con el rigor de la ley.
El caso de los “cuatro títulos en un día”
Uno de los hallazgos que más ha generado suspicacia en la opinión pública es el registro de un ciudadano que obtuvo cuatro títulos profesionales diferentes (Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional) con fecha del mismo día: el 5 de julio de 2024.
Este hecho, calificado como irracional dentro de la academia tradicional, expone las falencias en la verificación de hojas de vida por parte de los departamentos de recursos humanos del Estado. Aunque esta persona presentó la prueba Saber Pro, la normativa indica que dicho examen valida competencias para un máximo de dos carreras afines, no para cuatro disciplinas distintas simultáneamente.