La región del Catatumbo completa este 16 de enero un año exacto sumida en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Según el informe oficial, presentado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, la cifra de víctimas asciende a 105.203 personas, de las cuales la inmensa mayoría, 101.587, corresponden a desplazados forzados que han tenido que abandonar sus hogares por la disputa territorial.
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El conflicto, que detonó el 16 de enero de 2025 luego de la ruptura de un pacto de no agresión entre el ELN y el Frente 33 (Estado Mayor de los Bloques y Frente), ha transformado la vida de los habitantes en municipios clave como Tibú, Teorama y Convención. La Defensoría calificó la situación como un evento de “masividad y corto tiempo de ejecución” que ha desbordado la capacidad del Estado.
La nueva tecnología del terror de la guerra esta en el cielo
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la evolución táctica del conflicto hacia el uso de tecnología aérea. La Defensoría documentó que entre abril de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones cargados de explosivos. Solo durante el último año, esta modalidad causó la muerte de dos menores de edad y 24 integrantes de la fuerza pública, además de dejar 43 civiles heridos.
Esta realidad ha forzado a las comunidades a modificar su vida cotidiana, construyendo refugios improvisados dentro de sus viviendas para protegerse de lo que los pobladores denominan “las bombas que caen del cielo”. A esto se suma el peligro terrestre. El informe subraya que, mientras los drones atacan desde el aire, las minas antipersonal siguen sembrando el terror en los suelos rurales.
Radiografía de una crisis humanitaria desbordada
Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV), citados rigurosamente por la Defensoría, exponen la gravedad del impacto humano en el territorio. Además de los más de 100.000 desplazados, el organismo advirtió que al menos 7.777 personas fueron amenazadas de muerte directamente por líderes de los grupos armados. La parálisis social fue especialmente severa en Tibú, donde solo en la primera semana de hostilidades 28.848 personas quedaron confinadas en sus hogares, incomunicadas y sin acceso a suministros básicos. Durante todo el periodo analizado, el número total de ciudadanos atrapados por el confinamiento bajo el terror de las armas ascendió a 3.772 personas en toda la subregión.
El control de las economías ilícitas como motor del conflicto
La guerra en el Catatumbo no es solo una disputa ideológica, es una batalla por el monopolio del narcotráfico y las rutas fronterizas con Venezuela. Según la ONU, representada por la relatora Paula Gaviria e información recopilada por Forbes Colombia, miles de familias permanecen “atrapadas entre la inseguridad y el miedo”. A pesar de la presencia de 11.200 soldados de la ‘Operación Catatumbo’, la violencia sexual bajo modalidades de explotación y el reclutamiento forzado de menores persisten como herramientas de control social de los grupos armados.
Desde la administración departamental, Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, advirtió que la capacidad financiera de los municipios para atender esta emergencia es nula. “No existen recursos del orden nacional suficientemente amplios para responder a una tragedia de esta magnitud”, señaló Niño e informó Caracol Radio, sosteniendo que la inversión estatal debe transitar de la respuesta militar a la construcción de infraestructura básica para romper el ciclo de violencia.