La búsqueda de la belleza a bajo costo se convirtió en una pesadilla para decenas de mujeres en la capital de Antioquia. En un avance crucial para la justicia, la Fiscalía General de la Nación realizó una adición de imputación contra tres mujeres señaladas de integrar una red dedicada a realizar procedimientos quirúrgicos invasivos en condiciones precarias.
Le puede interesar: Exministros lanzaron alerta por el panorama del sistema de salud en 2026: “crisis deliberada”
Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo son los nombres en el centro de este escándalo. Según el ente acusador, las implicadas operaban en quirófanos improvisados instalados en viviendas particulares de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.
Un modus operandi basado en el engaño digital
La investigación, liderada por la Seccional Medellín, reveló que entre abril de 2023 y mayo de 2024, la red criminal utilizó con éxito las redes sociales para atraer a sus víctimas. El gancho principal era un procedimiento denominado ‘lipólisis láser con transferencia glútea’, ofrecido a precios competitivos pero ejecutado sin ninguna garantía de salubridad.
Una vez contactadas, las mujeres eran citadas en residencias que carecían de permisos sanitarios. Las procesadas no solo gestionaban la logística, sino que, según las pruebas, participaban directamente en:
- Administración de medicamentos.
- Aplicación de anestesia local sin supervisión profesional.
- Realización de masajes postquirúrgicos y atención postoperatoria.
El rastro de las víctimas: Más de 50 sueños truncados
El material probatorio es desgarrador. La Fiscalía ha identificado hasta el momento a 55 víctimas. De este grupo, más de 40 mujeres sufrieron consecuencias devastadoras en su salud física y emocional. Los reportes médicos detallan deformidades permanentes, limitaciones de movilidad, dolores crónicos y complicaciones sistémicas derivadas de la falta de higiene en los “quirófanos”.
Uno de los hallazgos más alarmantes de la fiscal encargada es la indolencia de la red: cuando una paciente acudía a reclamar por complicaciones médicas o infecciones, las investigadas simplemente trasladaban sus operaciones a otros barrios para evadir a las autoridades y continuar con la actividad delincuencial en una nueva ubicación.
Aceptación de cargos y futuro judicial
Durante la audiencia más reciente, la presión de las pruebas llevó a Bedoya, Arango y Chaverra a aceptar de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los delitos de:
- Concierto para delinquir.
- Estafa agravada (bajo la modalidad de delito masa).
- Lesiones personales dolosas.
Cabe recordar que estas mujeres permanecen privadas de la libertad en centros carcelarios desde octubre de 2025. Además, el proceso continúa contra Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las principales articuladoras de este entramado que hoy pone en alerta a las autoridades de salud en Medellín.
Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de verificar los registros de la Secretaría de Salud y la idoneidad de los especialistas antes de someterse a cualquier cambio estético, pues la economía de un procedimiento “clandestino” puede terminar costando la vida.