La captura de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ha generado una onda expansiva de reacciones diplomáticas en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros líderes en fijar una postura crítica frente al operativo, calificando el hecho como un “secuestro” y poniendo en duda los fundamentos jurídicos que motivaron la detención por parte de autoridades estadounidenses.
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A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado colombiano manifestó su rechazo a lo que considera una forma de responsabilidad penal basada en vínculos familiares. Según Petro, el procedimiento representa una “barbarie” y sugirió que el verdadero motivo detrás de la medida es el lazo matrimonial de Flores con el exmandatario venezolano.
“El cargo es ser la esposa”, afirmó el presidente, advirtiendo que este tipo de acciones judiciales tienen un componente político que trasciende lo estrictamente jurídico y podrían alterar las normas de convivencia entre Estados.
El expediente en Nueva York: ¿De qué la acusan?
Pese a los cuestionamientos del mandatario colombiano, el panorama judicial en Estados Unidos presenta una narrativa distinta. Según documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, citados por medios como El Tiempo, las acusaciones contra Flores no se limitan a su rol protocolario como primera dama.
Investigaciones adelantadas por agencias como el FBI, la CIA y la DEA sostienen que Flores presuntamente formaba parte activa de la toma de decisiones financieras y logísticas del círculo cercano a Maduro. El escrito de acusación la vincula con una presunta red criminal en la que también figura Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo mayor de Maduro.
Los cargos centrales que enfrenta en la corte federal incluyen:
- Conspiración para la importación de cocaína hacia territorio estadounidense.
- Delitos asociados al uso de armas de fuego.
- Protección de operaciones de narcotráfico mediante el uso de su influencia en la estructura de poder.
La justicia estadounidense sostiene que estas imputaciones se basan en conductas individuales documentadas y no supuestamente en su estado civil, formando parte de una ofensiva legal contra lo que Washington define como una estructura criminal transnacional.
Entre la paz en Putumayo y la tensión regional
Mientras el debate internacional por la captura de Flores crece, el presidente Petro mantiene su agenda en el territorio nacional. Recientemente, en Puerto Asís, Putumayo, el mandatario lideró un acto de destrucción de material bélico entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una de las facciones disidentes que participan en el proyecto de “Paz Total”.
Sin embargo, sus declaraciones sobre el caso de Cilia Flores marcan un nuevo punto de tensión en la relación con el gobierno de Estados Unidos, evidenciando las profundas diferencias sobre cómo se debe aplicar la justicia en el contexto de la crisis venezolana.