El panorama económico de Colombia para el año 2026 ha quedado definido tras la alocución presidencial de este lunes. El presidente Gustavo Petro anunció que, ante la falta de un acuerdo entre las partes, el salario mínimo se fijará mediante decreto en 2.000.000 de pesos colombianos, incluyendo el auxilio de transporte.
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Esta cifra representa un incremento del 23,7 %, una decisión que ha provocado una respuesta inmediata y crítica por parte de sectores políticos de oposición, independientes y gremios de la producción.
De acuerdo con el desglose técnico, el salario base pasará a ser de 1.746.883 de pesos colombianos, a los que se suman COP 253.118 por concepto de subsidio de transporte. El anuncio llega en un momento de especial sensibilidad, dado que el país se encuentra bajo una declaratoria de Emergencia Económica decretada por el mismo Ejecutivo.
Gremios advierten riesgos de informalidad
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fue una de las primeras organizaciones en manifestar su rechazo. A través de un comunicado, el gremio calificó la medida de “desproporcionada”, señalando una contradicción entre la narrativa de crisis que justifica la emergencia económica y un aumento salarial que, según ellos, “asfixia al sector productivo”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que el incremento conlleva riesgos para la economía familiar. Según el dirigente gremial, utilizar recursos de las pymes y empresas formales para un aumento de esta magnitud impactará variables como la inflación y las tasas de interés, calificando la medida como un acto de populismo económico.
La reacción en el Legislativo ha sido igualmente polarizada. Desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero cuestionó que el aumento fuera incluso superior al 16 % que inicialmente habían solicitado las centrales obreras. Forero advirtió que la medida podría incentivar la informalidad laboral y comparó el modelo con políticas implementadas anteriormente en Venezuela.
En una línea similar, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo que este ajuste golpeará directamente el empleo y el futuro de las pequeñas y medianas empresas. “Pan para hoy, hambre para mañana”, afirmó la congresista al analizar el impacto a largo plazo.
Desde sectores independientes, las voces también muestran preocupación. El excandidato presidencial Juan Manuel Galán coincidió en que, aunque la dignidad salarial es necesaria, un salto del 23,7 % expone a los trabajadores en un país donde más de la mitad de la población vive de la informalidad. Según Galán, el encarecimiento de los costos se trasladará a los precios finales, afectando a quienes no reciben el aumento.
Incluso entre voces cercanas al Gobierno se reconoce el peso político de la decisión. El senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, admitió que el incremento es complejo para diversos sectores, especialmente cuando se suma a los nuevos costos de la reforma laboral. No obstante, Ávila señaló que existe una clara intención del presidente de “dejar una marca” política antes del cierre de su mandato.
Asimismo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, volvió a celebrar el aumento y mencionó “No caigo en el catastrofismo ni en la desinformación. La inflación en nuestro país se encuentra controlada, el desempleo está en un mínimo histórico en el siglo y tenemos una economía sana y pujante”.
Con este decreto, el Gobierno busca inyectar mayor liquidez al consumo interno, mientras que los expertos y sectores productivos alertan sobre una posible espiral inflacionaria que podría neutralizar el beneficio real en el bolsillo de los colombianos durante el próximo año.