Se conoció que el Ministerio de Hacienda de Colombia tiene bajo estudio un borrador de decreto que podría cambiar la estructura salarial de los miembros del Congreso de la República. La iniciativa busca eliminar la denominada prima especial de servicios, un rubro que actualmente representa aproximadamente 15 millones de pesos mensuales dentro de los ingresos de cada senador y representante a la cámara.
(Lea también: Impactante homicidio en Bogotá: joven fue asesinado frente a su esposa e hijos, familia acusa a ‘Los Satanás’)
Esta bonificación fue establecida en el año 2013 bajo la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 2170. En su origen, el monto era de 7.8 millones de pesos y surgió como un mecanismo para sustituir otros beneficios de salud y vivienda que habían sido declarados nulos por la justicia. Sin embargo, con el paso de los años y los ajustes de ley, esta cifra se ha duplicado, convirtiéndose en el eje de la controversia sobre el costo del Legislativo.
El sustento jurídico y económico
La administración actual fundamenta esta decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha señalado que este tipo de pagos no son obligatorios ni constituyen un derecho forzoso que el Ejecutivo deba mantener.
Según el documento técnico del Ministerio de Hacienda, la remuneración total de los congresistas, que ronda los 52 millones de pesos, se percibe como “desproporcionada” frente a la realidad económica del país y los objetivos de cierre de brechas sociales.
“Se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas”, sostiene el borrador, subrayando que la medida no vulnera derechos fundamentales de los servidores públicos involucrados.
A diferencia de los múltiples proyectos de ley que han fracasado en el pasado dentro del propio Congreso, esta vía administrativa permitiría una reducción directa sin pasar por el debate legislativo. No obstante, la aplicación no sería inmediata para los actuales legisladores. El texto contempla que la supresión del beneficio entre en vigor el 20 de julio de 2026, coincidiendo con la instalación del nuevo periodo constitucional.
Uno de los puntos que genera mayor expectativa técnica es el efecto dominó que esta decisión podría tener en otros sectores del poder público. Actualmente, los salarios de magistrados, fiscales y altos mandos de la fuerza pública están indexados a los ingresos de los congresistas.
Por lo que, el Gobierno aún debe clarificar si este decreto incluirá un mecanismo para desvincular estas escalas salariales o si la medida afectará exclusivamente a los miembros del Legislativo.
Este movimiento se produce en un contexto de tensiones políticas y en medio del inicio del calendario electoral, lo que anticipa un complejo debate sobre la autonomía de los poderes y la sostenibilidad fiscal del Estado.