El panorama económico de Colombia cierra el 2025 con una intensa sacudida política. Tras la alocución presidencial del lunes 29 de diciembre, en la que el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo para 2026 será de 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte), las reacciones no se hicieron esperar.
(Puede también leer: Gobierno propone eliminar prima de servicios a congresistas: medida busca ajustar los salarios desproporcionados)
La mañana de este martes, 30 de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró las voces de rechazo, cuestionando la viabilidad de un incremento que alcanza el 23,7 %.
A través de sus canales oficiales, el líder del Centro Democrático fue tajante al calificar la medida como una estrategia que, a su juicio, tiene efectos contraproducentes a largo plazo. “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, sentenció Uribe.
Para el exmandatario, este tipo de ajustes, realizados de manera unilateral por el Ejecutivo, ponen en riesgo la estabilidad del mercado laboral y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.
Un debate de modelos económicos
La crítica de Uribe no fue aislada. En sus mensajes, el expresidente sugirió que la política laboral actual está destruyendo la capacidad de generación de empleo en el país. “Hay ladrones impunes que no han creado un empleo, pero en el poder lo destruyen”, añadió en una de sus tres publicaciones matutinas, donde además adelantó que consultará con expertos para profundizar en su postura técnica frente a lo que llamó “economía científica”.
A este reclamo se sumaron otras figuras de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Cabal comparó la decisión con las políticas implementadas en su momento por Hugo Chávez en Venezuela, advirtiendo que subir salarios sin un aumento real en la productividad no genera riqueza.
Por su parte, Pinzón alertó que un ajuste de tal magnitud podría empujar a millones de colombianos hacia la informalidad, la cual ya supera el 55 % en el país.
La respuesta del Gobierno y el sector empresarial
Desde la otra acera, el Gobierno Nacional defiende la medida como un acto de justicia social. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que durante más de tres décadas no se había aplicado el concepto de “salario vital” consagrado en la Constitución. Según el jefe de la cartera, este aumento busca devolver la dignidad a las familias trabajadoras en un contexto donde el Gobierno asegura que la pobreza y el desempleo están en mínimos históricos.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su profunda preocupación. Bruce Mac Master, presidente del gremio, señaló que el incremento se adoptó sin el diálogo social tripartito que exige la ley.
Según la Andi, cada punto porcentual de aumento representa un gasto público adicional de aproximadamente 400.000 millones de pesos colombianos, lo que en medio de la “emergencia económica” declarada, supone una presión fiscal considerable.
El país entra ahora en una etapa de incertidumbre sobre cómo impactará esta cifra en la inflación de 2026. Mientras el presidente Petro confía en que el mayor poder adquisitivo dinamice el consumo, los analistas y opositores como Alvaro Uribe advierten que el costo de la canasta básica y la sostenibilidad de las finanzas públicas podrían ser los mayores sacrificados en este nuevo ciclo económico.