La realidad en el Catatumbo, Norte de Santander, se aleja de los comunicados oficiales de paz emitidos en las últimas semanas. A pesar de los anuncios públicos de cese al fuego por la temporada de Navidad realizados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), los enfrentamientos armados en la región se han intensificado, dejando a la población civil en medio de una crisis creciente.
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El foco del conflicto se sitúa actualmente en el corregimiento de La Gabarra, en la zona rural del municipio de Tibú. En sectores estratégicos como el kilómetro 16, la confrontación directa entre ambas estructuras criminales ha obligado a familias enteras, incluidos menores de edad y adultos mayores, desplazarse y buscar refugio en instalaciones escolares para protegerse del fuego cruzado.
El impacto en las comunidades
De acuerdo con los registros de las autoridades locales y organismos de socorro, el desplazamiento forzado ya es una realidad para aproximadamente 250 personas que han abandonado sus hogares en las zonas rurales de Tibú dirigiéndose a ciudades como Cúcuta y Ocaña. No obstante, la preocupación mayor radica en el riesgo latente para otras 6.000 personas que se encuentran en peligro de confinamiento o desplazamiento masivo si los ataques no cesan.
La situación se torna más crítica ante la presencia de minas antipersonal. Recientemente, una mujer resultó gravemente herida tras activar accidentalmente uno de estos artefactos mientras transitaba por la zona rural, lo que confirma que el peligro para los habitantes persiste incluso más allá de las balas.
Voces oficiales y sociedad civil
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su preocupación por el incumplimiento de los compromisos de cese al fuego. Marín señaló que durante las últimas jornadas se ha registrado un recrudecimiento de los combates en La Gabarra y solicitó de manera urgente a los grupos armados permitir el paso de corredores humanitarios. “Es necesario permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y llevar atención humanitaria a la zona”, enfatizó la funcionaria en un tirno.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se unió al llamado de protección a la vida, pidiendo que se garanticen condiciones de seguridad que permitan a los campesinos permanecer en sus territorios sin temor a represalias o ataques.
Desde el territorio, la organización social Madres del Catatumbo emitió un pronunciamiento el pasado 25 de diciembre, denunciando que los combates ocurren en las inmediaciones de la escuela donde nació su proceso comunitario. “La comunidad del kilómetro 16 está confinada. No es justo que los niños sigan creciendo en medio de las balas”, expresaron a través de un comunicado, calificando la situación como inaceptable en una fecha que debería ser de tranquilidad.
Un ciclo que se repite
Para los habitantes del Catatumbo, este escenario evoca los sucesos de enero de 2025, cuando la región padeció una de las crisis humanitarias más severas de las últimas dos décadas. El temor actual es que el territorio quede nuevamente atrapado en una disputa territorial prolongada que impida el libre tránsito y el acceso a suministros básicos.
Mientras los grupos armados mantienen sus posiciones en la zona rural, la sociedad civil exige una respuesta estatal que no solo sea militar, sino que incluya una presencia humanitaria efectiva para evitar que el número de desplazados continúe aumentando en el cierre del año.