La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, dio a conocer recientemente algunas directrices de ejecución que empezaran a aplicar desde el primer día del 2026, con las cuales buscan el bienestar de sus afiliados, teniendo en cuenta varios cambios de ley y beneficios planteados para las mujeres del país.
Por medio de un reciente comunicado, la entidad reiteró su compromiso de trabajar por la protección de los derechos pensionales de los colombianos y colombianas, en pro de un sistema pensional justo y equitativo. Es por ello que a partir del 1 de enero del siguiente calendario, empezará a aplicar la reducción gradual de las semanas que tienen que cumplir las mujeres para acceder a su pensión de vejez, la cual ira de 1.250 semanas en 2026 a 1.000 en el año 2036.
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¿Hasta cuándo puedo trasladar mis cesantías bajo la nueva normativa?
Adicionalmente, la entidad invita a sis afiliados a informarse y aprovechar la oportunidad de Traslado, tras el amparo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024; la cual permite a los afiliados trasladarse entre regímenes pensionales, ya sea del fondo privado a Colpensiones o a la inversa. Podrán acogerse quienes cumplan con los siguientes criterios: mujeres de 47 años en adelante con al menos 750 semanas cotizadas, y hombres de 52 años o más con un mínimo de 900 semanas aportadas. Además, es obligatorio realizar la doble asesoría, con el fin de comparar proyecciones y tomar una decisión informada y conveniente para el futuro pensional.
Tenga en cuenta que podrá hacer este tramite hasta el 16 de julio de 2026, sin necesidad de acudir a algún tipo de instancia judicial. Asimismo, la Administradora, como parte de su compromiso con una gestión jurídica actualizada, eficiente y dinámica, orientada a la prevención del daño y al servicio cercano a la ciudadanía, tomará como marco de referencia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagrado en la Ley 2452 de 2025, el cual comenzará a regir el 2 de abril de 2026. Esta normativa tiene como objetivo actualizar la justicia laboral y de la seguridad social, agilizar los procesos judiciales, impulsar el uso de herramientas tecnológicas y garantizar un acceso más efectivo a la justicia.