Un nuevo caso de presunta violencia de género sacude las entrañas de la Policía Nacional de Colombia. La Fiscalía General de la Nación ha logrado una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides, quien hasta hace poco fungía como comandante del Distrito N°2 Sabana, en el departamento de Cundinamarca.
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La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, revela una trama de asedio y abuso de poder que terminó en una agresión sexual en las propias instalaciones policiales de Zipaquirá.
Un asedio bajo el peso del rango
Según los elementos materiales probatorios recolectados por el ente acusador, el oficial habría utilizado su posición de superior jerárquico para intimidar de manera sistemática a una auxiliar bachiller. El reporte judicial indica que Villamil Benavides presuntamente persiguió y asedió a la joven durante varios días, realizando constantes insinuaciones indecorosas que crearon un ambiente de hostigamiento para la víctima.
El punto más crítico de esta investigación se sitúa el pasado 8 de diciembre. En esa fecha, el teniente coronel le habría ordenado a la auxiliar dirigirse a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá. De acuerdo con la Fiscalía, el oficial, aprovechando que la joven se encontraba en un evidente estado de indefensión, procedió a agredirla sexualmente.
Enfoque de género y presuntas amenazas
Un aspecto clave de este proceso judicial es que se ha desarrollado bajo un enfoque diferencial y de género, permitiendo identificar dinámicas de poder que buscaban silenciar a la víctima. La investigación arrojó que, tras la agresión, el coronel Villamil habría amenazado a la auxiliar con obstruir su carrera policial y truncar su futuro profesional en caso de que decidiera denunciar los hechos.
Este tipo de coacción, sumado a la gravedad de la agresión física, motivó a la Fiscalía a imputar los delitos de:
- Acceso carnal violento agravado.
- Acoso sexual.
Situación jurídica del oficial
Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Sin embargo, ante la contundencia de las pruebas y la naturaleza del riesgo para la víctima, un juez de control de garantías ordenó que el teniente coronel deba cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El oficial será recluido en un centro de reclusión especial para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal que determinará su responsabilidad definitiva en estos hechos que empañan la imagen de la institución en el departamento de Cundinamarca.