El sistema penitenciario colombiano ha completado el protocolo de asignación para dos de las figuras más relevantes del actual gabinete ministerial que han sido vinculadas a procesos judiciales. El coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó este sábado, 20 de diciembre, los lugares donde el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cumplirán la medida de aseguramiento impuesta por la justicia.
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De acuerdo con el reporte oficial, Ricardo Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO) en Bogotá. Por su parte, Luis Fernando Velasco ha quedado bajo custodia en la Escuela de Carabineros de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.
El origen de la medida judicial
La decisión de privar de la libertad a los exfuncionarios fue tomada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero. La funcionaria judicial calificó la medida como “urgente, necesaria e idónea” tras analizar el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación durante una investigación que se ha extendido por más de dos años.
El foco de la acusación radica en una presunta red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría consolidado un acuerdo para direccionar recursos públicos.
Los detalles de la investigación
La tesis de la Fiscalía sostiene que los exministros se habrían coordinado para ofrecer proyectos a cambio de apoyo legislativo. “Se concertaron entre sí para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”, señaló la fiscal Patiño durante las audiencias.
La investigación menciona un total de 74 proyectos de infraestructura, la mayoría radicados en Invías y la UNGRD, que sumarían una cuantía superior a los 612.000 millones de pesos colombianos. En este esquema, según el ente acusador, habrían participado también Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes habrían facilitado el direccionamiento de los contratos hacia los intereses acordados con diversos congresistas.
Con el ingreso a los centros de reclusión y la realización de las reseñas fotográficas oficiales, se inicia una nueva etapa procesal para los exintegrantes del Gobierno Nacional, quienes deberán ejercer su defensa desde los sitios de detención asignados.