El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue captado en video durante una celebración en Managua, Nicaragua. Las imágenes, hechas públicas, muestran a González bailando en un evento, lo que ha generado interrogantes sobre su estatus de fugitivo.
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El registro visual muestra a González participando activamente en lo que se ha descrito como una parranda vallenata. Este evento, promovido por la Cancillería de Colombia, se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre de 2025, a las 7:00 p. m., en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. La presencia de González en un acto auspiciado por una entidad del Gobierno colombiano, mientras es buscado por las autoridades de su país, intensifica el debate público sobre su situación judicial.
González enfrenta una medida de aseguramiento en prisión, ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, por su presunta implicación en el desfalco de la UNGRD. La decisión judicial, emitida en segunda instancia, confirmó la medida e incluyó el delito de lavado de activos, que había sido inicialmente excluido de la imputación.
La justicia colombiana sostiene que existe evidencia para inferir que el exfuncionario, quien también fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), lideró una red de corrupción. Según las investigaciones, González habría gestionado el pago de 3.000 millones de pesos a Iván Name (expresidente del Senado) y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle (expresidente de la Cámara de Representantes) a través del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Estos pagos tendrían como fin agilizar la tramitación de las reformas sociales del Gobierno.
Circular Roja de Interpol
Sobre Carlos Ramón González pesa una Circular Roja de Interpol, lo que implica una solicitud internacional de búsqueda y detención con fines de extradición.
En octubre de 2025, González intentó anular dicha circular mediante una acción de tutela interpuesta ante la justicia colombiana. La solicitud fue declarada improcedente por la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Gerardo Babosa. La Sala determinó que la acción no probaba la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad necesarias para viabilizar su procedencia, conforme a lo establecido en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991.
Tras conocerse el paradero de González en Nicaragua, Colombia solicitó formalmente su extradición. En su momento, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó que las posibilidades de que González fuese extraditado eran “muy amplias”.
Montealegre explicó que el tratado de extradición entre Colombia y Nicaragua solo permite la negación de la entrega cuando se trata de delitos políticos o si no se cumple el principio de la doble incriminación.
Dado que los delitos imputados a González, como corrupción y lavado de activos, son punibles en ambos países, el exministro consideró que se reunían “todos los presupuestos del tratado para que Ramón González sea enviado a Colombia”, señaló Montealegre en ese entonces. No obstante, la extradición no se ha concretado hasta la fecha de la difusión del video.