Cuatro presuntos delincuentes señalados de colaborar con las disidencias de las Farc fueron enviados a la cárcel, de acuerdo con un boletín de prensa publicado por la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este domingo 14 de diciembre. Al parecer, los sujetos judicializados habrían aprovechado su trabajo con consorcios petroleros para cometer presuntos secuestros y extorsiones.
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“En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández, posibles responsables del cobro de extorsiones y de secuestros a trabajadores y representantes de consorcios petroleros en Meta”, explicó la Fiscalía en su boletín de prensa.
De acuerdo con la investigación adelantada por la entidad, los hombres habrían estado aprovechando un vínculo laboral que tenían con las compañías petroleras afectadas para acceder a “información privilegiada” acerca de contratos millonarios que iban a ejecutarse en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Puntualmente, los proyectos se iban a implementar en los sectores de Oasis y el Salto de Cuernavaca.
“Posteriormente, con datos precisos y ocultando su identidad, contactaban a trabajadores y directivos de las empresas y los obligan a pagar determinadas sumas de dinero en medio de amenazas. De esta manera, presuntamente contribuían a las finanzas ilícitas del autodenominado frente 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc”, advirtió el ente investigador.
Uno de los investigados es señalado por una retención ilegal
Entre tanto, la investigación encontró que uno de los procesados, Carrillo Rojas, habría estado detrás de la retención ilegal de dos empleados de un consorcio petrolero. El hecho se presentó en septiembre del año pasado.
En su momento, las víctimas estuvieron durante dos días en cautiverio en el sector de Altos de Tillava, en Puerto Gaitán. Para liberarlos, los delincuentes exigieron el pago de una suma que ascendía a los 60 millones de pesos.
“Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, extorsión agravada y secuestro extorsivo. Los cargos no fueron aceptados”, concluyó la Fiscalía en su boletín de prensa.