Jimmy Harold Díaz Burbano se desempeñó como gobernador de Putumayo durante el periodo 2012 – 2015. Tres meses antes de finalizar su administración suscribió un contrato que tenía por objeto la construcción del alcantarillado sanitario de la vereda La Güisita, en San Miguel (Putumayo), en medio de posibles irregularidades e incumplimientos de los requisitos de ley.
Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación indican que el contrato celebrado el 1 de septiembre de 2015, por un valor superior a los 666 millones de pesos, fue asignado mediante un proceso de licitación pública que se habría tramitado sin los estudios previos requeridos.
El costo establecido se pagó con recursos del Sistema General de Participación (SGP), correspondientes a los rubros de acueducto y saneamiento ambiental de San Miguel, cuya disponibilidad le había sido asignada al entonces gobernador debido a la descertificación que la Superintendencia de Servicios Públicos emitió sobre el municipio aludido. En ese sentido, las partidas presupuestales debían salir de la Gobernación de Putumayo, que tenía la disponibilidad jurídica para cubrir las necesidades.
De igual manera, en el curso de la investigación se conoció que, el 1 de diciembre de 2015, 30 días antes de terminar el mandato, Díaz Burbano presuntamente modificó el contrato y suscribió una adición por 200 millones de pesos en beneficio del contratista y sin justificación alguna, con el supuesto de cubrir la construcción de una plata compacta para el tratamiento de aguas residuales. Las evidencias dan cuenta de que dicho proyecto había sido cubierto en el contrato inicial.
Por todo lo anterior, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exgobernador los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Los cargos no fueron aceptados.