La comunidad de reducción de daños en Colombia enfrenta uno de los episodios más sensibles de los últimos años, luego de que la activista Yareli Estrada hiciera pública una denuncia por presunto abuso sexual ocurrido durante un encuentro en la casa de Échele Cabeza, en Bogotá. Su testimonio ha generado una ola de reacciones internas y externas que están reconfigurando el rumbo de la organización.
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Estrada relató que, tras consumir alcohol en una actividad del colectivo, despertó en otra habitación junto al entonces director ejecutivo, Julián Quintero, quien —según su versión— la habría “tocado abusivamente y dado cocaína” mientras ella se encontraba sedada. La activista afirmó que no existió posibilidad alguna de consentimiento y anunció su decisión de apartarse de espacios donde la presencia de Quintero representara un riesgo para su bienestar.
“Por autocuidado y como forma de romper el silencio que históricamente se nos exige a las mujeres, he decidido dejar de participar en actividades en las que esté presente esta persona”, escribió Estrada, al tiempo que invitó a posibles víctimas a comunicarse con ella para compartir experiencias similares.
Reacción del voluntariado de Échele Cabeza
La denuncia tuvo un impacto inmediato dentro del voluntariado. Más de 50 participantes del proyecto firmaron un comunicado en el que expresaron respaldo a la denunciante y rechazaron de manera tajante las violencias basadas en género. Entre sus solicitudes se encuentran:
- La salida formal y efectiva de Julián Quintero como director y representante legal.
- Acompañamiento psicológico y medidas restaurativas para la víctima.
- Revisión profunda de los protocolos internos para prevenir nuevas vulneraciones.
- Garantías plenas de no repetición.
Los voluntarios señalaron que esta situación afecta la confianza en el ecosistema de reducción de daños y reiteraron su compromiso de mantener los servicios, pero bajo nuevas estructuras que aseguren ambientes verdaderamente seguros.
Pronunciamientos de Quintero y respuesta institucional
En una breve declaración, Julián Quintero afirmó que, “por respeto”, no controvertirá públicamente la denuncia y señaló que se están buscando canales de mediación y reparación. Agregó que decidió apartarse de ATS y Échele Cabeza para no interferir con los procesos internos ni perjudicar a la organización en medio de la crisis.
Por su parte, la Junta Directiva de ATS confirmó la salida inmediata de Quintero del cargo de director ejecutivo y representante legal, aclarando que esta medida no prejuzga sobre posibles investigaciones externas. La entidad reiteró su compromiso con la protección de la víctima, la reparación integral y la prevención de hechos de violencia de género.
Asimismo, hizo un llamado a aliados, voluntarios y redes de apoyo para sostener los nuevos liderazgos y fortalecer la cultura organizacional en un momento crítico.
Un debate abierto sobre poder, cuidados y cultura organizacional
El caso ha reavivado discusiones dentro del sector social y de voluntariado sobre la importancia de contar con protocolos sólidos, rutas de atención claras y mecanismos que eviten dinámicas de poder que puedan derivar en abusos. Para muchos integrantes del ecosistema de reducción de daños, esta denuncia es un llamado urgente a revisar estructuras internas y mecanismos de prevención.
La situación también plantea un debate más amplio sobre cómo las organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables deben enfrentar denuncias de violencia de género, garantizar entornos seguros y promover prácticas institucionales centradas en el cuidado y la transparencia.