Una nueva tragedia minera enluta al sur del Tolima. En el municipio de Ataco, específicamente en la vereda Mesa de Pole, un derrumbe en la mina de oro Las Cruces dejó como resultado la muerte de cinco mineros, quienes quedaron completamente sepultados bajo toneladas de tierra y roca mientras adelantaban actividades de extracción. La emergencia fue confirmada por la Defensa Civil del departamento, que acudió al lugar de los hechos para apoyar las labores de rescate y recuperación de los cuerpos.
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De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, el deslizamiento se produjo de manera súbita, sin dar oportunidad a los trabajadores de ponerse a salvo ante el colapso de la estructura minera. Las autoridades locales y organismos de socorro llegaron rápidamente al sitio para iniciar las operaciones de búsqueda, pero lamentablemente todos los afectados fueron hallados sin vida. La profundidad del socavón y la inestabilidad del terreno dificultaron las labores de atención de la emergencia.
Tragedia por derrumbe en Ataco: cinco trabajadores fallecen en mina ilegal
Este incidente se suma a otro ocurrido recientemente en el mismo municipio. En septiembre, en la vereda El Viso Anapé, un derrumbe en otra mina informal dejó seis personas sepultadas, entre ellas una mujer que perdió la vida. Estas tragedias han encendido las alarmas sobre las condiciones en las que se desarrolla la minería artesanal y especialmente la minería ilegal en la región.
En Ataco se vive una situación social compleja debido al crecimiento descontrolado de la extracción ilegal de minerales, actividad que no solo pone en riesgo la vida de los trabajadores, sino que también genera graves impactos en el medio ambiente y se convierte en una importante fuente de financiación para grupos armados ilegales. Las autoridades han intensificado en los últimos meses los operativos contra la minería ilegal, logrando la destrucción de maquinaria perteneciente a las disidencias de las Farc.
Por su parte, las autoridades ambientales, como Cortolima, han denunciado que sus funcionarios han sido objeto de amenazas, incluyendo intimidaciones para quemar vehículos institucionales, cuando realizan acciones de control en estas zonas.