Con conductas como la violencia física, el trabajo forzado, la inmovilización de extremidades, la exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y las solicitudes públicas de perdón, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) someten y castigan a los habitantes de varios municipios. Esto es lo que denuncia un comunicado de La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenando las acciones que tienen atemorizada a la población civil.
La ONU afirma que “condena la imposición de sanciones y castigos en Santa Marta y Valledupar, fuera del marco legal, presuntamente por un grupo armado no estatal con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta”. Estas declaraciones parten de la recopilación de 19 videos que evidencian los actos crueles y degradantes a los que han sido sometidos personas en esa zona del país.
Torturas y humillaciones
El documento detalla que las agresiones “se imponen por presuntas acciones como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las riñas”. Además, la entidad ha identificado que las mujeres son obligadas a realizar trabajos forzados e, incluso, se les ha rapado la cabeza en contra de su voluntad.
Entre las víctimas, ONU Derechos Humanos ha identificado a mujeres obligadas a realizar trabajos forzados, como barrer, y a quienes se les ha rapado el cabello de manera forzada. “Estas acciones contra las mujeres atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal, como lo señaló en 2020 el Relator contra la Tortura, Nils Melzer, en su Informe A/HRC/43/49, y pueden constituir formas de violencia por razón de género”, recalcó la organización.
Los escalofriantes videos que el grupo al margen de la ley ha difundido en redes muestran a personas obligadas a realizar trabajos comunitarios, siendo rapadas y forzadas a bañarse en ríos de la Sierra Nevada durante la noche. Además, les hacen salir en las grabaciones portando carteles en los que “admiten sus errores” y “les agradecen a las ACSN una segunda oportunidad”. El grupo, que tiene influencia en varios municipios de La Guajira, Magdalena y Cesar, también ha estado vinculado a asesinatos de civiles y líderes sociales.
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Un llamado urgente al Estado
La ONU advirtió que “estas conductas debilitan la gobernabilidad local y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”. En el comunicado hacen un llamado al Estado a “cumplir con sus obligaciones internacionales para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima”, buscando que adelanten las investigaciones necesarias para reparar a las víctimas y sancionar a este grupo nacidos después de la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en 2006.
“Asimismo, ONU Derechos Humanos insta al Estado a implementar adecuadamente la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, en particular su principio de protección eficaz a la población civil y su objetivo específico de proveer condiciones para la seguridad y protección de la población”, reafirmaron, haciendo eco de un pedido que ya ha hecho la Defensoría del Pueblo.