Más de 40 años después de la tragedia que acabó con el Palacio de Justicia y en la cual murieron más de 100 personas, las familias de algunos de los desaparecidos siguen buscando respuestas. Una bruma, como la generada por el humo que incendió la estructura, sigue cubriendo la verdad sobre el destino y paradero de ocho personas que estaban ese día en el lugar.
Aunque se tenían identificadas once personas desaparecidas, la lista ha ido modificándose con los años a medida que la labor por encontrarles ha dado resultados y la negligencia de las entidades gubernamentales ha generado nuevas trabas y misterios en el proceso.
De las personas plenamente dadas por desaparecidas aún no se han encontrado a tres empleados de la cafetería: Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis y Gloria Stella Lizarazo Figueroa; tampoco a Irma Franco, integrante del M-19, ni a Norma Constanza Esguerra, visitante del palacio de quien se sospecha que no fue desaparecida, sino que su cuerpo sería el que les entregaron a los familiares del magistrado Pedro Elías Serrano. No obstante, con las exhumaciones posteriores de varios cadáveres, las autoridades han encontrado nuevos vacíos en la historia que apuntan a otras cuatro personas en cuyos sepulcros no se hallaban sus cuerpos, sino los de otras personas. Ese es el caso del magistrado auxiliar Julio Cesar Andrade, el auxiliar Jorge Alberto Echeverry y la magistrada auxiliar María Janeth Rozo.
Verlos salir, pero no volver abrazarlos
En el caso de Carlos Augusto Rodríguez Vera, se cuenta que su esposa lo vio salir sano y salvo del Palacio en la transmisión televisiva pero nunca volvió a tener noticias de él. Ese también fue el caso de David Suspes, Gloria Lizarazo e Irma Franco, pues hay material videográfico que certifica que salieron del lugar y fueron conducidos por los militares fuera del recinto, pero nunca regresaron a sus hogares. Según testimonios recogidos en el libro Evidencia Negativa, de la Comisión de la Verdad, después de la toma, un soldado llamó a la familia de Irma Franco para informales que ella salió con vida del Palacio de Justicia y que se encontraba retenida en la Brigada XIII.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición y tortura de personas en el marco de la Toma, encontrándolo culpable de 11 casos en total. De estos, ya han aparecido los estos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao y Carlos Horacio Urán Rojas.
Varios oficiales en retiro del ejército han sido condenados por estos hechos, pero otros tantos han sido absueltos, lo que deja a las familias de quienes siguen desaparecidos sin sensación de justicia ni restos para llorar.
Retroceder en el tiempo
Si algunos familiares llevaban décadas buscando a sus hijos, hijas, esposas, esposos, padres y madres, y finalmente lograron recibir lo que quedaba de sus cuerpos, a otros les pasó lo contrario. En 2017 se analizaron los restos que estaban en la tumba de Julio César Andrade y se identificaron como los de de Héctor Jaime Beltrán, dando alivio a una familia pero dejando a otra en medio de la incertidumbre. En una historia revelada en 2018 por Noticias Caracol, Gabriel Andrade, hijo de quien fue magistrado auxiliar, se enteró que su padre había salido vivo del Palacio por un video de archivo recuperado, pero siguen sin conocer el paradero de sus restos.
Lo mismo pasó con Jorge Alberto Echeverry, en cuya tumba se encontraron partes de Bernardo Beltrán. “Cuando entregaron los cuerpos que supuestamente eran de mi hermano y la doctora Fanny González, los trajeron muy sellados y rápidamente los llevaron a la catedral de Manizales. Yo pensé siempre que nos habían dado unos hierros torcidos y ladrillos quemados. Siempre estuve seguro de que no habíamos sepultado a mi hermano” dijo su hermano, el poeta Wadiz Echeverry, cuando se dio el descubrimiento.
En 2019, sucedió el último de estos casos hasta la fecha, el de Gloria Anzola de Lanao, hallada en la tumba en la que supuestamente reposaba la magistrada auxiliar María Janeth Rozo. Aún así, todavía hay cuerpos sin identificar, investigaciones en curso y herida abiertas sobre lo que pasó esa fatídica jornada que todavía hoy, 40 años después, mantiene a múltiples familias en la zozobra por sus seres queridos.