El presidente Gustavo Petro cuestionó con dureza la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, con el que su Gobierno pretendía modificar la estructura del sistema de salud para implementar un modelo preventivo. El alto tribunal consideró que la medida representaba una usurpación de las funciones legislativas del Congreso, lo que llevó a la adopción de medidas cautelares.
La reacción del presidente Petro
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario manifestó su rechazo a la decisión judicial y defendió el enfoque de prevención que, según él, busca proteger la vida de los colombianos.
“Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana (…) La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”, escribió Petro.
El jefe de Estado insistió en que su propuesta se ajusta a lo establecido por la ley y que su objetivo es fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades en todo el territorio nacional.
Los argumentos del Consejo de Estado
El alto tribunal explicó que la suspensión se adoptó debido a que el decreto expedido por el Gobierno modificaba elementos esenciales del Sistema de Seguridad Social en Salud, materia que, por mandato constitucional, solo puede ser regulada mediante ley aprobada por el Congreso de la República.
La decisión se tomó tras una solicitud presentada por el representante Andrés Forero, quien interpuso una demanda de nulidad contra el decreto, argumentando que el Ejecutivo se extralimitó en sus competencias.
“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, expresó el congresista.
Un nuevo capítulo en la reforma a la salud
La suspensión del decreto representa un nuevo revés para el Gobierno en su intento de avanzar en la transformación del sistema de salud tras el hundimiento de la reforma en el Congreso. El Ejecutivo había presentado esta iniciativa como una “implementación alternativa” para fortalecer la atención primaria, crear equipos médicos territoriales y priorizar la prevención sobre la atención hospitalaria.
No obstante, la decisión del Consejo de Estado frena de manera temporal su ejecución, mientras se define de fondo si el Gobierno incurrió en una extralimitación de funciones.
Contexto político y jurídico
La disputa entre el Ejecutivo y el alto tribunal refleja las tensiones institucionales en torno al alcance del poder reglamentario del presidente frente a las competencias del Congreso. Mientras Petro defiende que su decreto busca “cumplir la ley y proteger la vida”, sectores opositores y expertos en derecho constitucional sostienen que el acto administrativo invadía competencias legislativas al modificar la estructura del sistema de salud por vía ejecutiva.
La decisión del Consejo de Estado no es definitiva, pero sí suspende los efectos del decreto hasta que se profiera una sentencia de fondo. Entretanto, el Gobierno deberá evaluar nuevas vías legales o legislativas para avanzar en su propósito de consolidar un modelo de salud preventiva a nivel nacional.