La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Amparo Arbeláez Escalante, exgobernadora del Quindío, por su presunta participación en varios delitos relacionados con la cesión irregular de un predio público durante su administración. La exmandataria deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
Según la investigación de la Fiscalía, Arbeláez Escalante habría tramitado una ordenanza ante la Asamblea Departamental del Quindío que le permitió transferir bienes públicos y celebrar un contrato de cesión gratuita con la Asociación Abrazar. En virtud de esa ordenanza, la exgobernadora habría autorizado la entrega de un terreno de 19.527 metros cuadrados, ubicado en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima), mediante las escrituras públicas número 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre de 2007, registradas oficialmente el 4 de enero de 2008.
El lote transferido incluía el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, un bien de carácter público que no contaba con autorización para ser cedido a particulares. De acuerdo con el ente investigador, el particular beneficiado con la cesión habría asumido la administración del estadio y obtenido beneficios económicos de su explotación, pese a que la ordenanza departamental no contemplaba dicha transferencia. Por orden judicial, el escenario deportivo fue restituido al municipio de Calarcá el 28 de abril de 2022.
Durante el proceso, la Fiscalía identificó anomalías administrativas y jurídicas que habrían causado un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos. Entre ellas, se estableció que el terreno cedido pertenecía realmente al municipio de Calarcá, y no al departamento, por lo que su transferencia a una entidad privada carecía de fundamento legal. Además, la donación se realizó sin estudios de conveniencia ni sustentos técnicos que justificaran la cesión.
El expediente también evidencia inconsistencias en los documentos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, las cuales habrían inducido en error a los funcionarios que legalizaron la tradición del predio. La Fiscalía considera que estas maniobras fueron determinantes para consumar la cesión irregular.
Con esta acusación, el ente acusador avanza en el esclarecimiento de presuntos actos de corrupción en el Quindío, reiterando su compromiso con la defensa del patrimonio público y la transparencia en la gestión de los recursos estatales.