Este martes 21 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, el país vivirá un momento clave en su historia judicial y política. El Tribunal Superior de Bogotá emitirá su decisión en segunda instancia sobre el proceso penal que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La audiencia se realizará de manera virtual y será seguida con atención tanto por sectores políticos como por la ciudadanía, dada la magnitud del caso. Se trata del primer juicio de esta naturaleza contra un exmandatario en la justicia ordinaria colombiana, un hecho que ha generado repercusión nacional e internacional.
Los cargos y la sentencia inicial
La jueza Sandra Liliana Heredia emitió la condena el pasado 1 de agosto, señalando que Uribe había promovido actuaciones ilegales con el objetivo de manipular a testigos y alterar declaraciones judiciales a su favor. El fallo, que consta de más de mil páginas, establece que el expresidente utilizó a su abogado Diego Cadena para contactar a reclusos como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés.
“Para los neo comunistas el narcotráfico es una herramienta eficaz de destrucción de la democracia”, afirmó Uribe, en medio de la tensión política desatada por el caso y los cuestionamientos cruzados con el presidente Gustavo Petro.
La sentencia de primera instancia también impone a Uribe una inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de ocho años y una multa económica de 2.420 salarios mínimos legales vigentes.
Escenarios posibles del fallo de segunda instancia
El Tribunal puede optar por una de tres rutas: confirmar la sentencia, manteniendo la pena y las sanciones impuestas; modificarla, ajustando los delitos o el tiempo de condena; revocarla, absolviendo al exmandatario por falta de pruebas.
Cualquiera que sea la decisión, las partes involucradas —defensa, Ministerio Público o víctimas— podrán acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que prolongaría la definición jurídica del caso.
Debate jurídico y libertad actual del expresidente
Pese a la condena, Álvaro Uribe permanece en libertad. Una tutela interpuesta por su defensa revocó la medida de prisión domiciliaria, generando críticas y reflexiones sobre la aplicación del principio de presunción de inocencia en casos de alto perfil.
“El fallo hizo un ejercicio parcializado de la prueba testimonial”, aseguró su abogado Jaime Granados, quien argumenta que las interceptaciones telefónicas utilizadas como evidencia fueron obtenidas sin orden judicial y vulneraron el derecho a la defensa.
Un proceso con antecedentes complejos
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda. En 2018, la Corte Suprema descartó cargos contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, con la participación activa de Diego Cadena, quien visitó cárceles y recolectó declaraciones de reclusos.
Un fallo con repercusiones políticas
Más allá de lo jurídico, la decisión del Tribunal Superior tendrá efectos inmediatos en el panorama político. Uribe sigue siendo una figura determinante en la política colombiana, y su situación judicial puede influir en alianzas, candidaturas y narrativas de cara a futuros comicios.
El país se encuentra ante una encrucijada entre justicia, política y verdad. Lo que decida el Tribunal este martes marcará un precedente sobre la responsabilidad penal de los más altos funcionarios del Estado.