En el municipio de Soacha (Cundinamarca) crece la indignación y el llamado a la justicia tras conocerse una denuncia por el presunto abuso sexual de una menor de edad en un colegio privado. El hecho ha generado una fuerte reacción por parte de la comunidad educativa y de las autoridades locales, que ya activaron los protocolos de atención integral para proteger a la víctima y esclarecer lo ocurrido.
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De acuerdo con la información oficial, la denuncia fue presentada por la familia de la menor y puesta en conocimiento de la Alcaldía de Soacha, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. Desde ese momento, se inició una intervención coordinada entre las entidades competentes para garantizar la activación inmediata de la ruta de atención a víctimas de abuso infantil.
“Desde que la Alcaldía tuvo conocimiento de la situación, el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ dio instrucciones a las Secretarías de Educación y de Salud para brindar acompañamiento integral a la víctima y a su familia. Así mismo, se articuló con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia para cumplir los procedimientos establecidos en la normativa vigente”, señala el comunicado emitido por la administración municipal.
Por su parte, el ICBF rechazó categóricamente lo sucedido y confirmó que fue la primera entidad en recibir la denuncia. En un pronunciamiento público, el instituto manifestó: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechaza de manera categórica el presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad. Esta fue la primera entidad en conocer la situación y, de manera inmediata, activó la ruta de atención integral para estos casos, con el propósito de garantizar el restablecimiento de los derechos de la niña y brindar el acompañamiento especializado y humano que requiere”.
Desde el Centro Zonal Soacha Centro, un equipo interdisciplinario del ICBF se desplazó al lugar para atender de manera prioritaria a la menor y a su familia. Según la entidad, se está brindando apoyo psicosocial, orientación y acompañamiento continuo en todas las etapas del proceso judicial y de restablecimiento de derechos.
Adicionalmente, el instituto informó que se abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD), con el fin de asegurar la protección integral de la menor y garantizar que reciba toda la atención necesaria en un entorno seguro y libre de riesgos.
Mientras avanza la investigación, la comunidad de Soacha exige que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en este nuevo caso que pone en alerta a las autoridades sobre la seguridad de los menores en instituciones educativas privadas. El llamado generalizado es a reforzar los controles, fortalecer la prevención del abuso infantil y garantizar entornos escolares seguros para todos los niños y niñas del municipio.