En un acto de cumplimiento a una orden judicial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rectificó públicamente las declaraciones que previamente había emitido contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. El pronunciamiento tuvo lugar a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), luego de que el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá fallara a favor del fiscal y ordenara la retractación.
La medida judicial responde a los señalamientos en los que el jefe de Estado se refirió al fiscal como un “narcofiscal” y lo vinculó con personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El juzgado determinó que tales afirmaciones vulneraban derechos fundamentales como el buen nombre, la honra, la dignidad humana y la integridad personal.
“De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia”, señala el fallo del tribunal.
Reconocimiento y reflexión desde la Casa de Nariño
En su mensaje, el presidente Petro destacó que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.
El mandatario también aclaró que sus afirmaciones anteriores fueron “juicios de valor” y reiteró su respeto por la independencia judicial, valorándola como uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho.
Tensiones institucionales y advertencias sobre censura
Aunque el presidente acató la decisión, dejó ver su preocupación respecto a lo que considera una contradicción jurídica. Según explicó, la orden judicial exigía que la retractación se hiciera en un Consejo de Ministros, lo que entraba en conflicto con una sentencia previa del Consejo de Estado que limita sus intervenciones públicas a asuntos de interés nacional.
“Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar (...) ¿Puede silenciarse a quien, por mandato de ese mismo artículo, debe ser símbolo de la unidad del pueblo colombiano? Con el más profundo respeto hacia las altas cortes, considero que esta contradicción encierra un riesgo grave de censura institucional”, manifestó Petro en su publicación.
Contexto judicial y político
El caso pone de relieve las complejidades que enfrenta la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Colombia. La controversia también reaviva el debate sobre los límites del discurso presidencial y la necesidad de preservar el equilibrio institucional dentro del sistema democrático.