La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que podría destapar una de las tramas más delicadas de presunta corrupción administrativa en Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, actual candidato presidencial. En el centro del escándalo está su hermano Miguel Quintero, señalado de ser el operador político de un entramado de coimas, contratos amañados y beneficios personales que habrían funcionado entre 2020 y 2022.
De acuerdo con una investigación revelada por Noticias Caracol, la Fiscalía tiene en su poder chats, audios y videos que demostrarían cómo Miguel Quintero, junto con funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, habría tenido injerencia directa en la manipulación de contratos públicos.
Entre los implicados figuran Misael Cadavid, exgerente de los bomberos; Elkin González, exjefe de la entidad, y Yaneth Rúa, funcionaria del AMVA, quienes enfrentan audiencias por presunta corrupción.
El expediente revela que a través de un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”, los involucrados coordinaban la entrega de contratos, la ubicación de cuotas políticas y la gestión de recursos. En esos mensajes, Miguel Quintero, Álvaro Villada (exsubdirector financiero del AMVA) y Sebastián Ortega, hijo del cuestionado político William Ortega, discutían temas administrativos y designaciones de personal. “Debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes”, escribió Villada, a lo que Miguel Quintero respondió: “Me parece”.
Los investigadores señalan que este grupo habría manejado seis contratos por casi 18.000 millones de pesos, de los cuales más de 2.480 millones habrían terminado desviados. La estructura, según la Fiscalía, operaba mediante el direccionamiento de contratos hacia entidades aliadas, como Metroparques, donde también fueron nombradas personas recomendadas desde el chat, entre ellas César Augusto Chavarría, hoy imputado en el proceso.
Los mensajes también evidencian la presión por ubicar a personas cercanas a figuras políticas. En una conversación, Miguel Quintero menciona la contratación de una sobrina del exgobernador Luis Pérez, lo que muestra la influencia que ejercía sobre la burocracia del AMVA. “Deberíamos reunirnos a tomar decisiones”, escribió en tono de urgencia.
Esta investigación se suma a otras líneas abiertas contra la administración de Daniel Quintero, en las que se indagan presuntas irregularidades en la contratación pública y la gestión de empresas municipales. El caso, que apenas comienza a destaparse, pone nuevamente en el foco el uso político de las entidades locales en Medellín y plantea un nuevo desafío judicial para el exalcalde y su círculo cercano.