El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció con firmeza frente a los disturbios ocurridos durante una movilización en solidaridad con Palestina, realizada en Medellín. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario cuestionó la actuación de algunos funcionarios locales y señaló que los incidentes estarían relacionados con sectores políticos que, según él, promueven una visión excluyente de ciudad.
“El paramilitarismo está prohibido”: el mensaje presidencial
Petro no dudó en señalar con contundencia que los hechos registrados en la capital antioqueña obedecen a lo que describió como “el fascismo de la ciudad”, y criticó abiertamente el papel de quienes —a su juicio— impulsan procesos de transformación urbana que desplazan a los sectores más vulnerables.
“Son aquellos que quieren ejercer la gentrificación, expulsando pobres de sus barrios para hacer edificios y buen urbanismo para ricos”, afirmó el mandatario.
En ese contexto, envió un mensaje claro: “El paramilitarismo está prohibido”, dejando entrever que el uso de la fuerza por parte de funcionarios sin el debido control institucional podría estar violando normas fundamentales del Estado de Derecho.
Medidas ordenadas por el jefe de Estado
Frente a estos hechos, Petro solicitó acciones inmediatas. Ordenó a la Policía Nacional disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía de Medellín que habrían participado en las confrontaciones, y pidió además que se inicie una investigación penal para establecer quiénes están detrás de los actos de violencia registrados.
La manifestación pro-palestina, que buscaba expresar solidaridad con el pueblo palestino en medio del conflicto en Gaza, terminó en altercados entre manifestantes y equipos de seguridad de la administración local, situación que ha generado un intenso debate en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos.
Reacciones en curso y expectativa por decisiones judiciales
Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las declaraciones del presidente, aunque se espera que en las próximas horas haya una respuesta institucional. Por su parte, organismos de control podrían entrar a evaluar si hubo excesos en el uso de la fuerza o irregularidades administrativas.
Este nuevo episodio reabre el debate sobre los límites del orden público en contextos de protesta social y el papel que deben desempeñar las administraciones locales en el respeto a los derechos fundamentales.