Durante la reciente jornada de movilización denominada “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, realizada en Medellín, se registraron hechos preocupantes que motivaron un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Según denuncias recogidas por este organismo, integrantes de los equipos de gestión de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín habrían incurrido en actuaciones desproporcionadas contra manifestantes que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
Los hechos, que habrían dejado a dos personas heridas, están siendo evaluados por el ente defensorial, que expresó su preocupación frente a lo que podría constituir una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Llamado urgente a las autoridades
A través de un comunicado, la Defensoría reiteró que “la protesta pacífica es un derecho de participación democrática y ejercicio de la libertad de expresión, reconocido por la Constitución Política de Colombia y protegido por los estándares internacionales de derechos humanos”.
Ante la gravedad de la situación, se solicitó a las autoridades competentes el inicio inmediato de las investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que, en el cumplimiento de sus funciones, “hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes”.
El deber institucional de proteger la protesta
El organismo subrayó que el derecho a manifestarse debe ejercerse en condiciones de seguridad, libertad y dignidad, sin represalias ni intimidaciones por parte de las autoridades locales o fuerzas de seguridad.
En ese sentido, el pronunciamiento enfatizó la importancia de que todas las actuaciones estatales se ajusten a los principios del uso proporcional de la fuerza y al respeto por la integridad física y psicológica de los ciudadanos.
Principios fundamentales para una sociedad justa
La Defensoría del Pueblo concluyó su intervención haciendo un llamado a fortalecer los valores de convivencia y respeto mutuo, recalcando que “la empatía, la no violencia y el respeto por los derechos humanos son los pilares para construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria”.
Este pronunciamiento se suma a una serie de observaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales que han advertido sobre el uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social en Colombia, y recuerda la necesidad de garantizar plenamente los derechos civiles y políticos de la población.