La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas señaladas de integrar una red criminal dedicada a la producción, tráfico y comercialización de explosivos empleados en la extracción ilegal de minerales en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia.
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Según las investigaciones, esta estructura obtenía explosivos tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en Ecuador, Venezuela y Perú, para luego ingresarlos clandestinamente a Colombia. Los elementos eran transportados ocultos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas, y almacenados en Marmato (Caldas), así como en Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia), donde finalmente se distribuían a distintos entables mineros ilegales.
La Fiscalía también estableció que la red adquiría barras de indugel desviadas de empresas legalmente constituidas, las cuales contaban con permisos industriales, pero cuyos productos terminaron en manos del mercado ilegal minero.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Ambientales imputó a los cinco implicados los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos mineros y fabricación, tráfico o porte de armas y explosivos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla de la red, Elkin Giovanny Riascos Ortiz, junto a sus socios Dubán Alberto Velásquez Valencia, Diego Alejandro Cruz Osorio y Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría usado sus cuentas bancarias para movimientos financieros del entramado ilegal.
Los cuatro cumplirán medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que John Wilderman Franco Herrera, presunto transportador, continuará recluido en un centro carcelario por otro proceso judicial.
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que Riascos Ortiz y Velásquez Valencia también operaban una mina y una planta de beneficio en Marmato (Caldas) sin permisos ambientales ni licencias de explotación, generando graves afectaciones al medio ambiente y al orden económico del país.
Con este operativo, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso en la lucha contra la minería ilegal y el uso ilícito de explosivos, actividades que amenazan los ecosistemas y financian redes criminales en varias regiones de Colombia.