Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a José Jeremías Echeverry Calderón, conocido con el alias de ‘Daniel’, señalado integrante de los ‘Comandos de Frontera’, estructura disidente de las Farc que opera en el sur del país. El hombre estaría implicado en el asesinato de la líder social María Isabel Ramos Alzate, crimen ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en zona rural del municipio de Solita, Caquetá.
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De acuerdo con las evidencias recaudadas por la Unidad Especial de Investigación (UEI), alias ‘Daniel’ habría ingresado junto a otros hombres armados a la vivienda de la víctima. Al no encontrarla, la buscaron por los alrededores y la ubicaron cerca de un río. Allí, según el relato de testigos, el acusado le indicó a Ramos que debía regresar a su casa para recoger su celular, pues debía asistir a una supuesta reunión con los cabecillas del grupo armado ilegal.
La investigación sostiene que el hombre la acompañó hasta su vivienda, donde le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata. Este crimen se enmarca en los ataques sistemáticos contra líderes sociales que defienden los derechos humanos y la sustitución de cultivos ilícitos en el sur del país, una problemática que las autoridades continúan enfrentando en regiones como Caquetá y Putumayo.
Con base en los elementos materiales probatorios y testimonios recolectados, la Fiscalía presentó a Echeverry Calderón ante un juez penal de control de garantías, quien avaló la imputación de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones agravadas.
Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos. No obstante, el juez determinó imponerle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso penal en su contra.
La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los crímenes contra líderes sociales en Colombia, subrayando que este caso representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y las estructuras armadas ilegales que amenazan la paz en los territorios.