El ministro de Educación, Daniel Rojas, fue sancionado con tres días de arresto domiciliario y una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras incumplir un fallo judicial emitido en Medellín.
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La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, luego de que el alto funcionario no entregara en los términos exigidos información solicitada por la Gobernación de Antioquia en relación con un conflicto por el pago de cesantías a maestros del departamento.
La sanción surge en medio de un prolongado litigio entre el Ministerio de Educación y el gobierno departamental, derivado de una deuda que asciende a $3.800 millones por concepto de cesantías atrasadas de docentes. Aunque históricamente la Nación ha asumido estas obligaciones, la cartera de Educación buscó trasladar la responsabilidad al departamento, lo que desató un pulso jurídico.
El origen del conflicto
La Gobernación de Antioquia requirió al Ministerio de Educación para que sustentara legalmente esa imputación. Entre los documentos exigidos estaban copias de fallos judiciales previos, comprobantes de pago a los docentes y otros soportes que demostraran la responsabilidad departamental frente a la millonaria deuda.
Aunque el Ministerio envió una respuesta inicial, la Gobernación argumentó que la información estaba incompleta y presentó una acción de tutela, la cual fue aceptada y tramitada por la justicia. Tras escuchar a ambas partes, el juzgado dio la razón a la Gobernación y ordenó al Ministerio entregar la documentación completa.
Sin embargo, el Ministerio de Educación incumplió con el fallo en los términos señalados, lo que llevó al tribunal a abrir un incidente de desacato. Finalmente, este jueves, el juez resolvió imponer la sanción contra el ministro Rojas, marcando un hecho sin precedentes en la actual administración.
¿Qué viene ahora?
El Ministerio de Educación podría apelar la decisión o avanzar en el cumplimiento inmediato del fallo para evitar mayores repercusiones. No obstante, la sanción ya marca un precedente en los litigios entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales sobre la financiación de la educación pública.
La situación también reabre el debate sobre la crisis en el pago de cesantías de los docentes en Colombia, un problema estructural que ha generado reiterados conflictos entre las administraciones locales y el Estado central.