El Ministerio de Ambiente de Colombia solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revisar con detalle el trámite de prórroga de concesión de agua que la multinacional Coca-Cola requiere para su planta de embotellamiento ubicada en La Calera, municipio cercano a Bogotá.
La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, explicó que no es posible otorgar una prórroga automática después de más de 40 años de explotación del recurso hídrico sin un análisis técnico riguroso.
Según la funcionaria, se deben tener en cuenta factores como el historial de la concesión, los procesos sancionatorios vigentes contra la empresa, los impactos del cambio climático en la región y, sobre todo, las preocupaciones que han expresado los habitantes locales frente al uso del agua como bien común.
“En el caso específico de Coca-Cola, es imperativo revisar si procede o no una prórroga automática. Una decisión de este tipo debe sustentarse en estudios técnicos sólidos y nunca puede darse de manera mecánica”, enfatizó Vélez durante su pronunciamiento.
Revisión ambiental y participación ciudadana
El Ministerio de Ambiente anunció que, para garantizar la transparencia del proceso, se instalará una mesa técnica el viernes 3 de octubre y, además, se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR. En estos espacios se evaluará la pertinencia de la prórroga y se escucharán a las partes involucradas, incluidas organizaciones ambientales y representantes de la comunidad de La Calera.
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Si bien la competencia legal para otorgar, revisar o prorrogar concesiones de agua corresponde únicamente a la CAR, el ministerio asumirá el rol de veedor en defensa de los derechos colectivos y del principio constitucional que reconoce el agua como un bien de todos.
Nuevo capítulo del debate por el agua en La Calera
La discusión sobre la concesión de agua a Coca-Cola surge en un momento en que Colombia enfrenta una creciente presión sobre sus fuentes hídricas debido al cambio climático, el crecimiento urbano y la actividad industrial.
En el caso de La Calera, un municipio estratégico para el abastecimiento de agua en Bogotá, la ciudadanía ha manifestado preocupación por la sostenibilidad de los ecosistemas y la priorización del consumo humano sobre la actividad empresarial.
La revisión de este caso podría sentar un precedente para futuras concesiones otorgadas a compañías privadas que buscan explotar fuentes hídricas en el país. La decisión de la CAR, con la vigilancia del Ministerio de Ambiente, será clave para determinar cómo se equilibran los intereses económicos con la protección del agua como derecho fundamental.