La Fiscalía General de la Nación informó que, por solicitud de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de abusar sexualmente y asesinar a su hijastra de 9 años en Mosquera, Cundinamarca.
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El caso estremeció al país por la sevicia con la que, presuntamente, el procesado habría actuado el pasado 14 de septiembre de 2025. De acuerdo con la investigación, el hombre de 33 años agredió sexualmente a la menor dentro de una vivienda y luego la atacó con un arma cortopunzante en múltiples ocasiones, provocándole la muerte.
Detalles del crimen en Mosquera
Las indagaciones de la Fiscalía revelan que, tras cometer el abuso, el señalado agresor habría asesinado a la niña como una forma de represalia contra la madre de la menor, a quien previamente había intimidado. Los uniformados de la Policía Nacional llegaron al inmueble luego de recibir una alerta ciudadana y trasladaron a la víctima a un centro asistencial. Sin embargo, la menor ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
El presunto responsable fue capturado en un centro médico, donde recibía atención tras haberse lesionado luego del crimen. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que el procesado no aceptó.
Respuesta de las autoridades
La Fiscalía resaltó que este tipo de decisiones judiciales representan un avance en la lucha contra los delitos sexuales y de género, especialmente aquellos que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, insistió en que continuará reforzando los mecanismos de protección y judicialización para garantizar justicia en casos de violencia contra menores en Colombia.
El asesinato de la niña de 9 años en Mosquera genera indignación y reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer medidas de prevención y entornos seguros para la niñez. Organizaciones sociales han reiterado el llamado al Estado para implementar acciones urgentes que eviten que hechos de esta magnitud se repitan.
Con la medida de aseguramiento impuesta, el presunto agresor permanecerá privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones, en espera de un juicio que podría significar una condena ejemplar.