La Fundación de Educación Superior San José anunció la destitución del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y su equipo de trabajo, tras el inicio de una investigación interna relacionada con presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales, una situación que involucra a la actual viceministra de Juventud, Juliana Guerrero.
La medida fue adoptada luego de que se hiciera público que Guerrero recibió su título profesional en un tiempo inusualmente corto, lo que levantó sospechas sobre posibles procesos académicos atípicos dentro de la institución.
“En consecuencia, se comunica a la comunidad SanJoseísta la destitución absoluta y con justa causa del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo”, señaló el comunicado oficial.
Investigación interna en curso y compromiso institucional
La Fundación aclaró que se ha iniciado una investigación exhaustiva con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y académicos en todos los procesos de titulación. De acuerdo con el comunicado difundido, estas acciones buscan proteger la integridad y el prestigio de la institución.
“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, añadió la Fundación.
Asimismo, se subrayó que la Fundación no descansará hasta confirmar si se trata de un caso aislado, reiterando su compromiso con la calidad educativa y la confianza de la comunidad académica.
Red de instituciones y contratos públicos en la mira
Más allá del caso específico, la atención también recae sobre el conglomerado educativo liderado por Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, quien aparece como apoderado de otras entidades como el Instituto Triángulo, el Colegio Triángulo y el Springfield Language Center. Estas instituciones ofrecen programas académicos con procesos de validación acelerada, incluyendo grados en menor tiempo.
Informes de la revista Cambio revelaron que la Fundación multiplicó sus ingresos en más de 200% durante 2021, alcanzando 29.533 millones de pesos, principalmente por matrículas. Además, entre 2018 y 2021 firmó contratos estatales por más de 1.390 millones de pesos, y entre 2022 y 2025 logró convenios por más de 26.000 millones de pesos con la Gobernación del Magdalena.
Oferta académica bajo lupa
Un componente adicional que ha generado controversia es una conversación divulgada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, en la que una asesora de admisiones ofrece un título profesional en solo cinco meses, mediante un seminario de homologación, cursos de inglés y otras actividades extracurriculares. El único requisito académico, según se afirma, sería presentar las pruebas Saber TyT o Saber Pro.
Este testimonio alimenta la percepción de flexibilidad excesiva en los procesos de titulación, lo que ha derivado en cuestionamientos sobre la legalidad y la ética en el funcionamiento de estas instituciones.
El caso alcanza repercusión nacional
La controversia no solo ha puesto bajo escrutinio a la Fundación San José, sino que también ha impactado al Gobierno Nacional, al estar involucrada una funcionaria recientemente nombrada. En este contexto, tanto el Congreso de la República como la ciudadanía siguen atentos a los avances de la investigación, mientras la Fundación intenta recuperar su credibilidad institucional.
“Cada medida adoptada se ajusta a los más altos estándares éticos y legales”, concluyó la Fundación en su comunicado.
La situación ha puesto sobre la mesa un debate urgente sobre la supervisión de las instituciones de educación superior, especialmente aquellas que ofrecen titulaciones rápidas y programas flexibles sin controles suficientes.