La Fiscalía General de la Nación informó que Johan Daniel Pinzón Díaz y Sergio Alejandro Gómez Quintero fueron condenados a más de 36 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el homicidio del empresario Luis Alfonso Valencia y su mayordomo, Darío López Herrera, ocurrido el 11 de noviembre de 2024 en una finca de Guaduas (Cundinamarca).
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Luis Alfonso Valencia, reconocido en la región por ser dueño de una empresa dedicada a la fabricación y distribución de arepas, fue asesinado junto a su trabajador en su finca. De acuerdo con la investigación de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía, el ataque ocurrió cuando los delincuentes ingresaron armados al predio, redujeron a las víctimas y les dispararon hasta causarles la muerte.
La Fiscalía reveló que Pinzón Díaz, quien trabajaba en la finca del empresario, entregó información sobre los objetos de valor que había en la propiedad para facilitar el robo. Por su parte, Gómez Quintero fue identificado como uno de los hombres que entró armado, amordazó a las víctimas y ejecutó los disparos antes de huir en un vehículo con varios artículos hurtados.
Condenas y delitos imputados
Tras un preacuerdo con la Fiscalía, ambos procesados aceptaron los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego y municiones.
Un juez penal de conocimiento avaló el acuerdo y dictó las siguientes condenas:
- Johan Daniel Pinzón Díaz: 36 años de prisión.
- Sergio Alejandro Gómez Quintero: 36 años y 8 meses de prisión.
Ambos permanecen recluidos desde febrero de 2025, cuando fueron capturados y judicializados por este caso.
Impacto en Cundinamarca
Este doble homicidio conmocionó a los habitantes de Guaduas y municipios vecinos, ya que Luis Alfonso Valencia era un empresario reconocido en el sector de alimentos. La condena marca un paso importante en la lucha contra los crímenes violentos en la región y en el esclarecimiento de homicidios relacionados con hurtos planificados.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que continuará trabajando para garantizar justicia a las víctimas y combatir las estructuras criminales que afectan la seguridad en Cundinamarca y el resto del país.