De las jaulas de madera rodeadas por alambres de púas como campos de concentración en lo más profundo de la selva a los traslados clandestinos hacia la frontera venezolana, el secuestro no da tregua y sigue marcando una de las páginas más oscuras del conflicto armado en Colombia.
Tras caer en mínimos históricos con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, hoy la práctica de este delito revive en manos de las disidencias y el ELN, que estaría trasladando secuestrados a Venezuela. Este delito ha registrado un aumento durante el 2025 del 57,1 % con 256 casos según la Fundación Ideas para la Paz, un repunte con el que renace el miedo y se reabren las heridas de miles de familias colombianas.
Germán Valencia Agudelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y miembro del grupo de investigaciones Hegemonía, Guerras y Conflicto, explicó este fenómeno. “Nuestro país tiene múltiples conflictos armados, tanto hoy como desde hace varias décadas. La historia del ELN se remonta a 60 años atrás, lo mismo que las desmovilizadas FARC, que en la década de los 60 se convirtieron en grupos armados de alto impacto en el país y crearon violencia”.
Valencia hace un recuento histórico de este delito, indicando que “a partir de la década de los 80 comenzaron a utilizar los secuestros, o las retenciones como ellos las llaman, con fines económicos o extorsivos. Fue una de las prácticas más normales que utilizaban guerrillas como las FARC o el ELN, incluso, otras organizaciones como el EPL utilizaban el secuestro con fines económicos, también con fines políticos para presionar a la población, al gobierno o con fines militares”.
En la década de los 90 no solamente las guerrillas utilizaban el secuestro como método de financiación y presión, también fue usado por el narcotráfico y el crimen organizado. ”Hubo un crecimiento bastante acelerado de esta actividad, que llevó a que el gobierno tuviera que asumir varias acciones importantes como nombrar un zar antisecuestros o establecer unas leyes con las que se impedía que la población pagara por la liberación de sus familiares al considerarlo un delito; pero, en 1997 se suspendió porque se estaba generando una revictimización, ya que a una familia primero le secuestraban a una persona y posteriormente las autoridades los judicializaba por haber pagado la liberación”, explicó Valencia.
Según la investigación del Departamento Nacional de Planeación, ‘El Secuestro en Colombia: caracterización y costos económicos (1996-2004)’ se registraron en Colombia 22.512 secuestros, entre los que están incluidos los secuestros simples, extorsivos, a miembros de la fuerza pública y otros sin establecer. Los departamentos más afectados por este fenómeno fueron Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca, siendo los principales autores las guerrillas de las Farc y el ELN.
“A principios de los 2000 es donde tal vez más recordamos y tenemos esa imagen, de personas que eran secuestradas, como algunos políticos en Antioquia, que posteriormente fueron asesinados en medio del cautiverio. Otras acciones importantes de las FARC fueron los secuestros colectivos a funcionarios del Estado o de la fuerza pública, que mostraban como si fueran campos de concentración. Eso llevó a operaciones como la que permitió liberar a Ingrid Betancourt y a otros militares de origen norteamericano”, señaló el profesor.
Sin duda, las jaulas de las FARC se convirtieron en un símbolo de la crueldad del secuestro, de años de aislamiento, enfermedades de la selva y del sufrimiento psicológico para cientos de víctimas, que aún lo padecen.
“En general, el secuestro es una práctica que fue creciendo y que, debido a sus costos y a los efectos sobre la sociedad, fue demasiado criticada. Hoy, es uno de los delitos más severamente castigados en el país, con penas cercanas a los 50 años, y que no son perdonables bajo el derecho internacional humanitario”, puntualizó Valencia.
La verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha establecido que las FARC secuestraron siguiendo tres patrones: con fines de financiación, para canje de guerrilleros presos y como mecanismo de control territorial. “Estas políticas se extendieron de forma sistemática por todo el país. En todos los patrones identificamos que había una orden de dar un buen trato a los cautivos, pero en la práctica los secuestrados quedaron a merced de la guardia y en muchas ocasiones ese ‘buen trato’ se redujo a mantener al secuestrado con vida, dejando de lado las consideraciones sobre su dignidad humana. Documentamos relatos de víctimas que fueron tratadas como mercancía y sometidas a otros crímenes como desaparición forzada, homicidio, tortura, esclavitud, tratos crueles y degradantes, desplazamiento forzado e incluso violencia sexual”, le dijo a PUBLIMETRO COLOMBIA Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, y quien lidera la etapa de investigación en el Caso 01 sobre secuestros de las Farc-EP.
La magistrada reveló que luego de 20 o 30 años los efectos sobre las víctimas persisten. Por ejemplo, mencionó el caso de Roberto Lacuture, una víctima en el Caribe, que nunca pudo volver a tener cuentas bancarias por la deuda con la que quedó su familia por pagar su liberación. Lemaitre indicó que lo mismo le pasó al señor Mario Montoya Gómez, en el Tolima, que sigue con deudas tras su liberación y es estigmatizado por lo que le cuesta conseguir trabajo. Ninguno de los dos ni sus familias tenían los recursos para poder pagar las liberaciones.
Los testimonios recogidos por la JEP mostraron cómo hombres del Bloque Oriental y del Bloque Sur mantenían a sus cautivos en corrales de alambre de púas, descritos como ‘jaulas’ o ‘campos de concentración’. “Allí encerraron a integrantes de la fuerza pública y a civiles, con el fin de evitar fugas y conseguir un intercambio por guerrilleros presos. Eran espacios reducidos, sin servicios sanitarios, con acceso limitado o condicionado al agua. Las víctimas debían orinar y defecar en el mismo lugar de encierro o en recipientes inadecuados, bajo la mirada de los guerrilleros, lo que además de la situación insalubre, generaba una profunda humillación”, señaló la magistrada.
Hasta la fecha, la JEP ha acreditado en el Macrocaso 01 a 4.325 víctimas y ha determinado que desde 1993 el Secretariado ordenó que cada estructura se autofinanciara, consolidando al secuestro como una política de guerra.
“Solo entre 1996 y 2002, se registraron 489 secuestros de integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, al inicio del año 2001, al no obtener los resultados que ellos esperaban, empezaron a secuestrar a políticos y funcionarios. Ahí tenemos casos de gran impacto nacional como el secuestro de los diputados del Valle, el del gobernador Guillermo Gaviria y su consejero de Paz Gilberto Echeverri o el de Ingrid Betancourt”, indicó la magistrada.
En las audiencias los excomandantes aceptaron su responsabilidad y para la magistrada “los reconocimientos son importantes porque ellos mismos han dicho que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados, que no son aceptables, que no deberían repetirse”.
Además, la togada concluyó diciendo que “durante estos años hemos visto la crueldad del crimen del secuestro. Hemos encontrado que fue un crimen contra el amor, pues la libertad del secuestrado quedó condicionada a un dinero que muchas veces la familia no tenía. El secuestro acabó con proyectos de vida. Ya hemos logrado mucho más de lo que habíamos logrado en la justicia ordinaria. Estos crímenes tenían un 92% de impunidad”.
“No me canso de pedir perdón”, alias Karina, excomandante de las FARC
Elda Mosquera, alias Karina, excomandante del Frente 47 de las Farc, en diálogo con PUBLIMETRO COLOMBIA reconoció que los secuestros fueron una práctica recurrente en esa estructura guerrillera, especialmente en Antioquia. Aunque en sus primeros años dentro de la organización se hablaba de “retenciones”, con el tiempo se comenzaron a ejecutar varios secuestros que la guerrilla justificaba como una forma de financiarse y, a partir del año 2000, también como un mecanismo político para presionar el canje de guerrilleros presos.
“Yo participé en dos frentes, el Frente Quinto y el Frente 47. En el Frente Quinto había pocos secuestros, mientras que en el Frente 47 fue donde más se utilizó esa práctica, por el tema financiero. Yo hablo de las dos cosas porque en el interior de la organización se decía que era retención, pero ya cuando se trata de la Constitución Nacional y del Código Penal es secuestro. Después del año 2000 con las negociaciones con el presidente Andrés Pastrana fue donde se hicieron algunas retenciones políticas, para poder hacer el canje por algunos guerrilleros que estuvieron dentro de la cárcel”, reveló Mosquera.
En su testimonio admite que recibió órdenes directas para ejecutar secuestros con fines económicos y que hoy enfrenta los procesos ante la justicia. “En el frente 47 al cual yo pertenecí, la orientación era la financiación y, de hecho, yo ante Justicia y Paz estoy respondiendo por varios secuestros como método económico. Después, se hicieron los secuestros de los militares rendidos en combate para poderlos canjear por los guerrilleros que había en las cárceles”.
“He pedido perdón muchísimas veces y seguiré pidiendo perdón cuantas veces sea necesario porque reconozco que fue un error, que fue una política de la organización en la cual yo participé activamente como autora material e intelectual”. Asegura que “no ha sido difícil reconocerlo porque tengo un verdadero arrepentimiento. Desde que dejé la organización sabía que me tocaba enfrentar a la justicia y a las víctimas. Enfrentar significa escucharlas, reconocer y contar la verdad de lo que ocurrió”, sostuvo alias Karina.
Finalmente, envió un mensaje a las familias afectadas: “no me canso de pedir perdón y les pido perdón una y otra vez, y en esta entrevista le sigo pidiendo perdón por medio de PUBLIMETRO COLOMBIA, porque sé que fue un daño causado en mi época, en el pasado y que son cosas que no se debían haber cometido, pero lamentablemente se cometieron y lo hizo toda la organización FARC. Estoy arrepentida enormemente y de verdad me duele, me duele el dolor de las víctimas”.